Colapso del banco vinculado a Peña: el aliado que Milei exhibió como modelo para la región

Se derrumba el banco vinculado a Peña, el aliado que Milei exhibió como modelo para la región


El Banco Central del Paraguay (BCP) inició en la madrugada de este martes el procedimiento de resolución de Ueno Bank, el banco digital que más creció en el país vecino. La entidad está vinculada a los negocios del presidente Santiago Peña, el aliado sudamericano más cercano de Milei. El Directorio del organismo tomó la decisión por unanimidad, en una resolución fechada el 2 de noviembre. Lo hizo tras comprobar que el índice de solvencia del banco había quedado por debajo del 50% del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”, según el comunicado oficial difundido pasadas las 3 de la mañana.

La caída de Ueno deja con los fondos congelados a cerca de 3 millones de clientes. También golpea a un gobierno que el mandatario argentino presentó varias veces como ejemplo de orden macroeconómico y de un Estado que, en sus palabras, no debe ser “un obstáculo para el desarrollo”.

La medida del Banco Central

El procedimiento se enmarca en la Ley N° 2.334/03, de garantía de depósitos y resolución de entidades financieras. La Superintendencia de Bancos designará interventores para verificar la situación patrimonial del banco a la fecha de la resolución y preservar sus activos. También deberán ejecutar “las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución”. El BCP sostuvo que la medida busca “proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero”. Según el organismo, se trata de “un caso puntual, que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo”.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales, que hoy equivalen a G. 228.300.000. La cobertura es por persona física o jurídica y por entidad, no por cada cuenta. Para los saldos que superen ese monto, el BCP aplicará los mecanismos previstos en la ley “para procurar la mayor protección posible”. El comunicado agregó que la protección de los depositantes “irá acompañada de la investigación de las responsabilidades que correspondan”. Además, recomendó al público “evitar tomar decisiones basadas en rumores o información no verificada”.

En la conferencia de prensa de las 7 de la mañana, el director Marco Aurelio González explicó que el BCP tiene hasta 15 días para completar el balance de exclusión. Hasta entonces, las cuentas y tarjetas de Ueno seguirán inactivas. “Se congela hasta que el BCP haga el balance de exclusión y cada depositante va a poder seguir operando en la entidad de su preferencia”, señaló. Los activos y pasivos pasarán a otras entidades mediante un proceso competitivo. Unos 120 funcionarios del organismo ya fueron enviados a las sucursales para empezar la conciliación. Durante la mañana, la Policía Nacional custodiaba los accesos a las sedes del banco mientras los clientes hacían fila para pedir información.

La ruta del dinero

El presidente del BCP, Carlos Carvallo, dijo que la resolución es el “desenlace de varios meses de trabajo técnico”. Ese trabajo empezó el 5 de junio, cuando la Superintendencia detectó créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas “al grupo que controla la entidad”. Según Carvallo, la documentación de esas firmas “no permitía establecer directamente su vinculación con el grupo controlador”. Por eso fue necesario analizar “la trazabilidad de los recursos hasta determinar la ruta del dinero”. El funcionario agregó que las previsiones adicionales que hundieron el índice de solvencia respondieron “principalmente a debilidades en las carpetas de operaciones crediticias, así como la activación de servicios informáticos que no contaban con una justificación plenamente respaldada”.

En septiembre de 2025, la firma Mowi SA, hasta entonces del Grupo Vázquez (dueño del banco), pasó a manos de José Sala, exsubgerente de Ueno. Siete días después empezó a recibir créditos de la entidad por G. 254.157 millones, unos US$ 42,5 millones. Según el informe de supervisión, ese dinero se usó para cubrir sobregiros de Itti y de la red de pagos Wepa, dos empresas del mismo conglomerado.Con Grupo Hendy SA se repitió un esquema similar. En la misma fecha, la empresa quedó a nombre de dos empleados de Itti. Registraba ingresos promedio de G. 73 millones mensuales y patrimonio neto negativo, pero aun así obtuvo préstamos por G. 252.521 millones. Entre septiembre de 2025 y abril de 2026, las dos sociedades recibieron en total unos US$ 84,5 millones.

Según Reuters, Santiago Peña fue socio comercial del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025. Otro dato alimentó las sospechas de trato preferencial: Carvallo, el funcionario que hoy conduce la intervención, presidió Ueno hasta agosto de 2023, antes de asumir al frente de la autoridad monetaria. Este martes anunció que su renuncia “está firmada de antemano por la simple razón de que el BCP necesita tranquilidad para hacer su trabajo”. Aclaró, sin embargo, que seguirá provisoriamente en el cargo para supervisar el proceso.

Uno de los puntos más sensibles es el peso del dinero estatal en la entidad. Los depósitos del gobierno en Ueno crecieron con fuerza desde que Peña asumió en 2023. A fines de junio llegaban a unos G. 5 billones, cerca de US$ 869 millones, el 29% de los depósitos del banco.

El senador opositor Rafael Filizzola confirmó que trabaja en un borrador de juicio político contra el presidente. Advirtió que entre los afectados está el Instituto de Previsión Social. “Se sabía que este banco tenía patrimonio negativo.

En marzo, Ueno había colocado US$ 350 millones en bonos, la mayor emisión corporativa de la historia paraguaya. Esos títulos, que vencen en 2031, empezaron el año a 99 centavos por dólar y este martes cotizaban a 86. En octubre, Fitch pasó la perspectiva a negativa por el “rápido crecimiento del balance y los elevados activos intangibles”. La Asociación de Bancos del Paraguay sostuvo que las respuestas del BCP al Senado “son incompletas y dejan dudas”. También afirmó que la solvencia de una entidad “no puede depender de un trato distinto al que reciben las demás”. La semana pasada, la propia entidad había anunciado un plan de capitalización de US$ 100 millones, que no llegó a concretarse.

Ante esos cuestionamientos, Peña eligió minimizar el problema. El 9 de octubre aseguró que “la apertura de una investigación no significa que se haya intervenido en la entidad ni que vaya a cerrar”. Agregó que se trataba de “una cuestión eminentemente técnica que, mal comunicada e informada, lo único que consigue es asustar a la gente”. En la misma línea, Ueno difundió un comunicado en el que decía seguir “operando con plena normalidad”. Allí rechazaba “la difusión de informaciones no verificadas que puedan generar alarma injustificada entre los depositantes”. Este martes, el propio Carvallo responsabilizó a la prensa: sostuvo que “la difusión de información sensible contribuyó a acelerar el deterioro de la liquidez de la entidad”.

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