Rodríguez Signes los derechos están reconocidos y nadie va a eliminarlos

(Regional 97.3)

El Fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes, se refirió a la reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo y que comenzó a debatirse en la Legislatura. En las últimas horas, el funcionario brindó detalles sobre el proyecto y los cambios que se plantean para el sistema jubilatorio de los empleados públicos entrerrianos.

Diagnóstico del sistema previsional

“Tengo que asistir a la Comisión para hablar de la reforma, dentro de lo que es el procedimiento de sanción de las leyes. La Constitución de Entre Ríos tiene un procedimiento para la sanción de las leyes que implica una Cámara de origen, una Cámara revisora, trabajo en Comisión”, explicó Rodríguez Signes.

“La Provincia de Entre Ríos tiene para sus empleados públicos un sistema jubilatorio administrado por la Caja de Jubilaciones. Es un sistema de reparto y solidario, en teoría, esto quiere decir que se financia con los aportes y las contribuciones de los activos y el propio Estado para pagar las jubilaciones de los pasivos”, agregó.

“Tiene un problema estructural. Debe hacer cuarenta años que no se reforma y en la actualidad tiene un déficit de 560 mil millones de pesos por año. ¿Quién paga ese déficit? El Tesoro de Entre Ríos, todo el contribuyente paga este déficit para el sistema previsional del empleo público”.

Rodríguez Signes indicó que “el problema ya es grave y tiende a seguir agravándose por muchas razones”.

Los ejes del proyecto de reforma

“Hay que modificarlo. La modificación tiene que apuntar hacia un equilibrio entre ingresos y gastos, esto implica sacrificios en relación a la situación actual. Al intentar llevar el régimen a un punto de equilibrio habrá que aumentar edades, se modificará el sistema de movilidad, el de determinación del haber inicial, una serie de correcciones que implican sacrificios sobre la legislación actual”.

“Los asesores que estuvieron en la redacción del proyecto cuidaron de mantener un núcleo de derechos conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de no afectar derechos constitucionales”, remarcó Rodríguez Signes.

“Si se va a judicializar o no, no lo sé”, manifestó.

“Hace falta un debate legislativo acerca de las condiciones estructurales del sistema jubilatorio, que es lo que está proponiendo el Poder Ejecutivo a través de esta normativa”.

Los reclamos ante la Corte Suprema

“Estamos discutiendo en la Corte Suprema dos juicios trascendentes para la Provincia de Entre Ríos: los reclamos contra el ANSES por la deuda que tiene la Nación sobre el sistema previsional, las provincias que no transferimos las Cajas de Jubilaciones hemos aportado mucha coparticipación durante mucho tiempo para poder sostener el régimen nacional sin que la Nación haya cumplido regularmente sus obligaciones de financiar al menos el déficit bajo un supuesto de simulación con el de ANSES; la otra demanda muy importante es la de los excedentes de Salto Grande donde, claramente, la Nación argentina ha desnaturalizado el sistema, perjudicado los intereses de la Provincia”.

En el proyecto, “el derecho a la jubilación está, se respeta, el derecho a la movilidad del haber jubilatorio está; el asunto es cómo se regulan esos derechos, la técnica para poder sostener esos derechos. No es que se elimine un derecho y se deje desamparada a la gente, el asunto es la técnica para hacer viables esos derechos”.

“No sé cuál va a ser el texto final del proyecto, por eso me parece atinado que el Senado me haya convocado, porque nosotros tenemos cierta experiencia en litigación acerca de estas cuestiones”.

“Los derechos están reconocidos y nadie va a eliminarlos, sí se van a establecer otras pautas técnicas para hacerlos posibles”, remarcó Rodríguez Signes.

“La edad jubilatoria se va a corregir, se va a aumentar. Es una técnica para acceder a la jubilación. La ley que está es vieja. Sería inconstitucional si la edad para jubilarse se establece muy por encima de la expectativa de vida. La movilidad del haber jubilatorio lo mismo. El proyecto de ley tiene un anclaje a las paritarias”.