Gobierno suprime definitivamente controles comerciales al sector lácteo
La decisión del Gobierno nacional de excluir a los operadores del sector lácteo del sistema oficial de registración y fiscalización comercial generó preocupación en la Cuenca Lechera de Entre Ríos, una de las principales regiones productoras del país. Mediante la Resolución 103 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo eliminó del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL) todas las actividades vinculadas a la cadena láctea, profundizando un cambio adoptado recientemente con la derogación del régimen específico de control del sector.
La medida implica que los operadores lácteos dejarán de estar comprendidos dentro del sistema oficial de registración que hasta ahora permitía al Estado mantener un padrón actualizado de industrias, usinas, plantas elaboradoras, comercializadores y demás actores de la cadena. Si bien el Gobierno sostiene que el objetivo es reducir burocracia y adecuar la normativa a las competencias vigentes, especialistas del sector advierten que la decisión implica el retiro de herramientas de fiscalización comercial que durante años permitieron monitorear la actividad.
La resolución, firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, establece expresamente que “corresponde eliminar del referido sistema las actividades vinculadas al rubro lácteo”, al tiempo que dispone que los operadores quedan excluidos del ámbito de aplicación del SIOCAL. Paradójicamente, el registro conservará su nombre —Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos— aunque ya no incluirá a los lácteos entre sus actividades alcanzadas.
Un cambio que no es aislado
La decisión no constituye un hecho aislado. Días antes, mediante la Resolución 81, el mismo organismo había derogado la normativa que durante dos décadas sustentó el Registro de Operadores Lácteos y las facultades de fiscalización comercial heredadas de la desaparecida Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Allí el Gobierno argumentó que, al no existir una previsión normativa específica que respaldara las facultades sancionatorias sobre el sector, el registro había quedado convertido en una herramienta “meramente declarativa”, sin mecanismos efectivos de control.
Ese raz
