Milei y la ANSES: La decisión sobre los jubilados y su impacto

La decisión de Milei sobre los jubilados de ANSES

El ajuste del gasto público tuvo un impacto particularmente fuerte sobre áreas que afectan directamente a los jubilados beneficiarios de la ANSES y a otros titulares de programas sociales en todo el país, una situación que también se refleja en la realidad entrerriana.

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Se trata de las áreas de seguridad social y desarrollo social que, según datos oficiales analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sufrieron recortes generalizados en los últimos meses respecto a un período anterior. Dentro de este esquema, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) muestra una caída real del 9%, un dato que se traduce en el atraso de los haberes mínimos, con y sin bono, que sufrieron los jubilados en los últimos años.

El ajuste a ANSES por dentro: el golpe a los jubilados

En el caso de los programas vinculados a la Seguridad Social se observan fuertes caídas, con la única excepción de las Asignaciones Familiares (SUAF), que experimentaron una suba de 13% en términos reales. En cambio, para el resto:

  • Atención a Ex-Cajas Provinciales -13%
  • Pensiones de Ex-Combatientes y Presos Políticos -24%
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) -41%
  • Pensiones No Contributivas -29%
  • Jubilaciones -8%

Otro golpe a los jubilados se dio a través del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). Según el informe de CEPA, las Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, que incluyen las transferencias al PAMI, muestran una caída del 30% en términos reales.

El ajuste también alcanza a otras áreas sensibles de la seguridad social. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registra un ajuste mucho más profundo, del 77%, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del 84%. El recorte se profundiza al analizar programas específicos: el de Economía Social presenta ejecución nula (-100%), y el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia cae 94%, en tanto que el Plan Nacional de Protección Social muestra una reducción del 99%.

El ajuste también alcanza a las políticas alimentarias, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo. Los fondos destinados a comedores comunitarios y merenderos se redujeron un 69%, mientras que la Prestación Alimentar registra una caída del 41%, lo que implica un retroceso significativo en uno de los principales instrumentos de asistencia directa.

Los recortes en salud, educación, seguridad social y ciencia

El análisis por organismos refleja, en paralelo, reducciones profundas en otras áreas estratégicas como salud, educación, ciencia, transporte y obra pública, con impactos extendidos sobre programas y políticas públicas, señaló el informe.

En salud, la Superintendencia de Servicios de Salud registra una caída del 61%, mientras que los hospitales nacionales presentan bajas de entre 30% y 52%. También se reducen los fondos del Instituto Malbrán (-35%) y la ANMAT con un -33%. Algunos programas sanitarios muestran incluso recortes de hasta el 100%. En contraste, el INCUCAI presenta un aumento del 146,6%.

En ciencia y tecnología, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cae 83%, mientras que el CONICET baja 32% y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 59%. También se registran recortes en el Servicio Geológico Minero (-22%), la Fundación Miguel Lillo (-30%), la CONEAU (-30%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-26%).

En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente muestran recortes del 100% por su virtual discontinuidad. Las becas estudiantiles caen 82%, la formación docente 93% y la educación superior 31%, mientras que la inversión en infraestructura educativa se reduce 96%.

También se registran bajas en fuerzas federales y armadas, con caídas del 36% en la Policía Federal, 32% en Gendarmería, 33% en Prefectura Naval, 16% en el Ejército, 22% en la Armada y 18% en la Fuerza Aérea. El ajuste es aún más marcado en transporte y obra pública, donde la ejecución presenta caídas de entre el 78% y el 100% en programas de infraestructura, pavimentación y obras hidráulicas.

En conjunto, los datos muestran que el recorte del gasto tiene un impacto directo sobre programas sociales clave, en un momento de atraso de las jubilaciones y salarios y de caída del consumo, que amplifica los efectos de la reducción presupuestaria sobre los sectores de menores ingresos.

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