Súper RIGI consolida el marco legal de la economía de enclave mileísta

El proyecto de ley titulado Súper RIGI consolida la estructura jurídica de una Argentina como economía de enclave, en el que se suman un cúmulo de beneficios impositivos a 30 años para sectores que no quedaron definidos dentro del dictamen de mayoría. Serán todos aquellos que sean del agrado del Poder Ejecutivo.

“La indefinición deliberada del objeto del Súper RIGI hace que los data centers sean una de las aplicaciones más probables y más problemáticas del régimen”, puede leerse en el informe Lo que está en juego elaborado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil.

“El Súper RIGI no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una secuencia legislativa cuya próxima pieza es una reforma a la Ley de Sociedades que incorporaría la figura de sociedades operadas por inteligencia artificial con personería jurídica plena y responsabilidad limitada. La combinación de ambos instrumentos consolida un escenario de Impunidad Artificial, que podría convertirse en la arquitectura normativa de la concentración digital sin contrapesos institucionales en Argentina”, argumentaron.

Del informe participaron organizaciones como Amnistía Internacional Argentina; la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas; la Asociación Gremial de Computación; ATTAC Argentina; y Centro de Estudios Derecho Al Futuro (CEDAF), entre otras.

De acuerdo al proyecto del oficialismo, a todas las iniciativas del Súper RIGI se les garantizará por 30 años una operación continuada imposible de ser suspendida salvo por orden judicial. Esto introduce la problemática del abastecimiento energético. El Estado nacional se está comprometiendo a que primero serán contemplados los proyectos del Súper RIGI antes que las necesidades energéticas de la ciudadanía.

Desde el Poder Ejecutivo indicaron que ningún proyecto “llegará sin generar su propia energía”. Esto se vincula, probablemente, con el desarme del plan nuclear argentino, específicamente en lo relacionado al CAREM, para avanzar en la construcción de pequeños reactores modulares que puedan alimentar los futuros data centers. La administración Milei paralizó el CAREM y apuesta por la privatización del sector. Por caso, la empresa estadounidense Meitner Energy es la que está acaparando a los científicos que fueron desplazados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Cuando lo Súper viene devaluado

Si el RIGI convertía a la Argentina en una economía de enclave, el Súper instrumento resulta mucho más alevoso. El denominador común es que en ninguno de los casos queda en claro cuáles podría ser los beneficios para el país y sus comunidades.

El informe que analizó el dictamen del oficialismo recoge otro trabajo realizado por la organización Fundar que analizó, a su vez, las diferencias entre ambos esquemas:

• En el RIGI la alícuota de Ganancias era del 25%; en el Súper RIGI baja al 15%.
• Las exenciones a exportaciones en el RIGI comenzaban a aplicarse a partir del año tres; en el Súper RIGI son cero desde el día uno.
• Los derechos de importación en el RIGI solo cubrían bienes de capital y partes; el Súper RIGI los elimina para todos los bienes vinculados al proyecto, incluyendo insumos.
• Las contribuciones patronales reducidas al 10% son un beneficio que el RIGI no incluía.
• No existe el encadenamiento productivo.

A la conducción económica le encanta anunciar nuevos proyectos (mineros e hidrocarburíferos) pero resulta que existe una gran distancia entre los anuncios de inversión y los dólares realmente desembolsados. Esto ocurre con el RIGI porque su diseño hace que en los primeros años se tenga que invertir una ínfima parte de todo lo prometido. El Súper RIGI no solucionará esta distorsión.

“El Gobierno anunció inversiones por 124.000 millones de dólares bajo el RIGI, pero a la fecha de publicación de este informe se habían hecho efectivos solo 762 millones. La brecha se explica por un diseño que exige desembolsos iniciales mínimos -apenas USD 80 millones en los primeros dos años, el 40% del umbral mínimo de USD 200 millones- y deja el resto al plazo que fije la empresa. El RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo, lo cual evidencia un problema de diseño y ejecución”, puede leerse en el documento de las organizaciones de la sociedad civil.

Concentración digital

Este proyecto se da en sintonía con el intento de modificar la ley de sociedades y crear las empresas autónomas manejadas exclusivamente con agentes de inteligencia artificial. “Es el primer eslabón de lo que podría convertirse en la arquitectura normativa de la concentración digital sin contrapesos institucionales en Argentina. Las decisiones que tome el Congreso en las próximas semanas tendrán efectos sobre quién controla qué infraestructura tecnológica, con qué condiciones, y con qué poder de revisión democrática, durante las próximas tres décadas”, indicaron desde las organizaciones de la sociedad civil autoras del informe Lo que está en juego con el Súper RIGI.

El tema de la infraestructura y el control de los datos es clave; el escenario son los anuncios del ministerio de Capital Humano y Defensa sobre los gemelos digitales, al mismo tiempo en que sigue sin saberse cuáles son los pasos de Peter Thiel en el país.

“La indefinición deliberada del objeto del Súper RIGI hace que los data centers sean una de las aplicaciones más probables y más problemáticas del régimen. A esto se le suma la cláusula de operación continuada. ¿Qué ocurre si mantener la operación continuada del proyecto requiere interrumpir o restringir el suministro energético al resto de la población? El Ejecutivo sostuvo que ningún proyecto del Súper RIGI llegará sin generar su propia energía. Pero esa exigencia no está en el texto de la ley. Lo que sí está en el texto es la garantía de operación continuada, con fuerza de derecho adquirido asimilable al de propiedad”, puede leerse en el informe citado.

Los nuevos buitres detentan los recursos del país, los naturales como los minerales críticos o la infraestructura construidas con el impulso de las capacidades estatales, como es el caso de Arsat. Mientras se discuten los beneficios escurridizos de un nuevo régimen de coloniaje, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya visitó las instalaciones de Arsat en al menos cuatro oportunidades. La última fue en abril, con la visita de Thomas G.DiNanno, subsecretario de Estado paratemas de Seguridad Internacional y Control de Armamento.

¿Qué pueden tener que ver la seguridad de los Estados Unidos con Arsat? Quizás, la respuesta la tenga Peter Thiel, el dueño de Palantir.

La soberanía de los datos

Los tecno fascistas pretenden transformar el Estado a partir de un plexo normativo que garantice el saqueo a los recursos naturales, la predominancia del sector privado en el dictado de cualquier otro tipo de regulación y el abandono a su suerte de vastos sectores de la población. Para no ser marginados de la discusión, los trabajadores de Foetra y la CNEA presentaron un ante proyecto titulado “Régimen de Soberanía Tecnológica, Energética Nuclear e Integración Laboral para una infraestructura Digital Crítica”. Una discusión política urgente.

“El objetivo es garantizar el abastecimiento eléctrico estable, continuo y de bajas emisiones para los centros de datos estratégicos de titularidad estatal, mediante el diseño, construcción y operación de reactores nucleares modulares de producción nacional tipo CAREM, con plena centralidad de los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones sindicales y los organismos estatales competentes”, puede leerse en el artículo 1 de la propuesta. No todo es inexorable.

La iniciativa presenta, además, otros dos ejes clave: la utilización plena de las capacidades de los trabajadores y trabajadoras que se formaron en las empresas del Estado y la concepción de laSoberanía de Datos.

“Declárese de interés estratégico nacional la localización, almacenamiento y procesamiento de datos en infraestructura energéticamente autónoma, bajo jurisdicción argentina. Ningún dato generado o procesado en la infraestructura comprendida por esta ley podrá ser almacenado o transferido a servidores radicados fuera del territorio nacional sin autorización expresa del Poder Ejecutivo, previo dictamen técnico de ARSAT y la CNEA”, puede leerse en el proyecto.