Reforma previsional requiere transparencia y no ajustes a los más débiles
(Regional 97.3) La Unión Cívica Radical, a través de su espacio UCR Activa, marcó una postura firme frente al proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones que impulsa el Gobierno provincial. En un comunicado difundido en las últimas horas, los radicales exigen que el tratamiento no sea fugaz y que se convoque a todos los sectores. Además, reclaman que, antes de cualquier cambio, se gestionen las compensaciones previsionales que la Nación adeuda a la provincia.
En el documento, titulado “Antes de ajustar: transparentar y financiar”, la UCR sostiene que la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos no puede ser tratada como una urgencia fiscal ni como una variable de ajuste, sino como una política de estado. “Lo que se decida hoy marcará durante décadas la vida de trabajadores, jubilados y pensionados”, argumentan, y por eso insisten en que cualquier modificación no puede surgir de “reuniones reservadas ni presiones políticas”.
Las obligaciones del Estado y el antecedente IOSPER
Los radicales recuerdan que la Ley 8732 obliga a la Provincia y a las municipalidades a cubrir el déficit previsional. “La verdadera pregunta no es cuánto recortar, sino: ¿qué es lo que no se está cumpliendo y por qué?”, plantean. Señalan que la “sustentabilidad” es una obligación del Estado y no una excusa para bajar haberes. En este punto, trazan un paralelismo con el manejo del IOSPER: “primero el Estado desfinancia o incumple, y luego usa esa crisis como argumento para avanzar sobre derechos”.
El reclamo por las compensaciones nacionales y el caso Enersa
Uno de los puntos centrales de la crítica es que la Provincia “pretende ajustar sin agotar las vías de financiamiento menos lesivas”. Acusan al gobierno de no haber reclamado la totalidad de las compensaciones que la Nación adeuda y de haber aceptado una solución parcial. Asimismo, apuntan a la situación de la empresa energética provincial: “Uno de los agujeros históricos más notorios del sistema es Enersa”. Citan que la incorporación de sus trabajadores al régimen provincial podría representar unos 1.200 millones de pesos por mes, y denuncian que mientras la Caja paga beneficios a unos 800 jubilados del sector, apenas aportan 28 trabajadores en actividad.
Un llamado al debate amplio y límites innegociables
El comunicado exige que el gobierno convoque a audiencias públicas y abra un proceso real de participación. “Un tema que atraviesa a toda la sociedad no puede resolverse entre pocos funcionarios, gremios afines y legisladores dispuestos a acompañar sin exigir toda la información”, sostienen. Para la UCR, en ese debate hay límites innegociables: no se puede tocar el haber inicial ni la movilidad actual, ya que reemplazarla por un índice similar al de la ANSES implicaría “licuar progresivamente el ingreso del jubilado”.
Finalmente, los radicales proponen que la discusión debe salir de la falsa alternativa entre conservar todo o aceptar un ajuste. “La Caja no se salva ajustando a los más débiles. Se sostiene con transparencia, responsabilidad estatal, financiamiento serio y una decisión democrática de fondo: que Entre Ríos discuta su futuro previsional de cara a la sociedad y no entre cuatro paredes”, concluye el documento.
