Radiografía del RIGI y la información que compromete los fondos públicos
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en los últimos meses, ya cuenta con 41 proyectos presentados, de los cuales 16 tienen la adhesión aprobada por el Ministerio de Economía, según datos oficiales.
Hasta el momento, las inversiones aprobadas suman un total de USD 29.892 millones, distribuidos en nueve proyectos para el sector minero, tres para petróleo y gas, dos para energía y siderurgia e infraestructura tienen uno cada uno.
Los 25 proyectos que esperan su aprobación suman otros US$ 111.037 millones (en total habría inversiones en el RIGI por US$ 140.929 millones). De los cuales petróleo y gas suman 12, minería 11 y uno para energía e infraestructura.
La información oficial fue publicada por el Palacio de Hacienda en la “Web RIGI”, que se lanzó en las últimas horas. Esto no es un dato menor. El Gobierno demoró dos años en poner a disposición una austera base de datos con información pública consolidada, siendo que el RIGI otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años. Es decir, se trata de un programa de incentivos con fondos públicos.
Falta de transparencia
Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, advirtió que para profundizar el nivel de información pública “sería oportuno agregar dos datos clave del RIGI como la descomposición de las inversiones en etapa inicial (primeros dos años), cantidad mínima en activos computables (inversiones obligatorias para los proyectos) y su plazo de cumplimiento y el total (que no es obligatorio para las iniciativas adheridas)”.
Además, detalló que la información pública debería contar con el impacto fiscal en “exenciones tributarias y aduaneras, estimadas en 30 años y contemplando las ampliaciones de los VPU (Vehículo de Proyecto Único)”, que es la figura jurídica que tienen las inversiones comprometidas bajo el paraguas del RIGI.
Radiografía
Según la “Web RIGI”, los 41 proyectos demandarían 195.080 empleos directos e indirectos. La información sobre empleo no tiene más detalles, sobre todo la que refiere a los empleos indirectos de los proyectos. En los últimos días fue tema de debate la importación de una ciudad china llave en mano que licitó un proyecto minero que aguarda la aprobación al RIGI, que dejó afuera de la competencia a proveedores locales. Es decir, a empleo local.
El RIGI obliga a realizar inversiones aceleradas en los primeros dos años, pero solo reserva un 20% para la participación de proveedores locales, a los cuales les exige tener iguales condiciones de calidad, plazo y precio, algo que no es sencillo de cumplir para las empresas nacionales y el entramado industrial y de firmas de servicios. Además, el escenario para los proveedores locales es más complejo todavía por el aluvión de la producción china.
Según la información oficial, los 16 proyectos aprobados bajo el RIGI se encuentran en 9 provincias: Río Negro (Vaca Muerta Oleoducto Sur y licuefacción de gas –GNL-), La Pampa (ampliación Gasoducto Perito Moreno), Buenos Aires (siderúrgica Sidersa y Parque Eólico Olavarría), Mendoza (Parque Solar El Quemado y PSJ Cobre Mendocino) y San Juan (proyecto de cobre Los Azules, Mina Gualcamayo y ampliación de Mina Veladero).
Además, en Santa Fe (Terminal Multipropósito Timbúes), Catamarca (Hombre Muerto Oeste y ampliación de Fénix –litio-, Diablillos -oro-), Salta (Rincón -litio- y Diablillos –oro-) y Jujuy (Cauchari Olaroz -litio-).
La consultora privada Globaris también lanzó una web con información más detallada de los proyectos del RIGI. Allí se desprende que hay 45 empresas participando de distintos VPU con fondos de capitales de 11 países.
Argentina encabeza con 22 empresas. Luego continúan compañías de Canadá (5 empresas), China (5), Reino Unido (3), Suiza (3), Australia (2) y Brasil, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos y Noruega con una empresa cada país.
