Probation para la concejala Todoni y su hermano
(Regional 97.3)
En las últimas horas, el juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, concedió la Suspensión del juicio a prueba o Probation a la concejala de La Libertad Avanza (LLA), Romina Todoni, y a su hermano Diego Todoni, en la causa que los investigó por Desobediencia judicial reiterada. Se les atribuyó que, como socios de la firma Las 3E SRL, incumplieron la orden de cesar la actividad y reubicar la chatarrería, entre otras obligaciones.
La decisión se adoptó en el marco del legajo que tramitó en sede civil un amparo ambiental colectivo por el funcionamiento de Las 3E SRL, más conocida como la Chatarrería Todoni. Garzón otorgó el beneficio pese a la oposición del fiscal Cristian Giunta, quien incluso había adelantado que en el juicio iba a pedir una pena de cumplimiento efectivo para ambos imputados. La probation se concedió por el plazo de dos años, durante los cuales deberán cumplir 96 horas de trabajo no remunerado en una institución de bien público a determinar. Además, el juez los eximió de la reparación económica simbólica del daño que exige la Probation, atento al delito investigado.
Rechazos previos
Antes de conceder la suspensión del proceso, Garzón rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa de los hermanos, a cargo de Emilio y Germán Fouces, y el planteo de nulidad del procesamiento. La defensa entendía que no existió delito y que el caso debía tramitar por otros fueros, pero no en el penal. También planteó que no existió dolo en las conductas endilgadas en este legajo, puesto que se sustancia otro por presunta contaminación ambiental, causa que impulsa la fiscal Paola Farinó. Garzón entendió que los argumentos de Fiscalía en este legajo fueron “arbitrarios, caprichosos y antojadizos” y tenían mejores posibilidades de prosperar en el legajo que sustancia Farinó por supuesta contaminación. Así, sostuvo que la oposición al pedido de Probation tenía que ser desestimada.
Procedencia
El juez desarrolló que ambos imputados reúnen los requisitos que la procedencia de la herramienta demanda. Sostuvo que ninguno tiene antecedentes computables y, en el caso de Romina Todoni, que es concejala en funciones, explicó que la figura procede aun cuando está inhabilitada para funcionarios públicos, porque los hechos que se le atribuyeron no fueron cometidos en sus funciones, sino que les fueron endilgados en carácter de socios gerentes de Las 3E SRL. Garzón dedicó un momento a explicar los alcances del consentimiento fiscal para la procedencia de la herramienta alternativa. Sostuvo que el juez puede apartarse del criterio que por política criminal determina el Ministerio Público Fiscal (MPF), siempre que fundamente su posición. Además, citando jurisprudencia y bibliografía, indicó que la posición de Fiscalía no es vinculante para él.
El juez realizó un razonamiento en el que consideró el fallo de la vocal de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, Civil y Comercial, Sala Primera, Gabriela Teresita Mastaglia, y el del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que lo ratificó. En una resolución anterior, Mastaglia hizo lugar a la acción de amparo ambiental promovida por un grupo de vecinos de Avenida Circunvalación José Hernández de Paraná, que reclamaban por el funcionamiento de un depósito de chatarrería y aduciendo que afecta el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los accionantes y de los habitantes de la zona afectada por las actividades desarrolladas allí. Mastaglia dispuso el cese total de la actividad que se desarrolla en el inmueble ubicado en Avenida José Hernández 2561 por la sociedad comercial “Las 3E S.R.L.”, y por cualquier otra persona física o jurídica que en el futuro pudiera sustituirla en la explotación de la planta. Esta resolución fue ratificada por el STJ. El incumplimiento de estas resoluciones fue lo que fundamentó el procesamiento por desobediencia reiterada. (APFDigital)
