Piden revisar inhibiciones por embargo jubilación esposa imputado
(Regional 97.3) La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, definirá en los próximos días si revisa las medidas de inhibición general de bienes que ella misma dispuso en 2019 contra un grupo de los 32 imputados en la investigación por presunta sustracción de millonarias sumas de las arcas del Estado provincial entre 2008 y 2018. El caso investiga una organización que, mediante la simulación de contratos de obra en ambas Cámaras Legislativas, habría desviado fondos públicos. La defensa de María Alejandra Camisassa —esposa del imputado Jorge De Breuil, y que no está imputada en la causa— solicitó el levantamiento de esas restricciones patrimoniales.
El defensor Hugo González Elías, que representa a Camisassa, argumentó que la inhibición general dictada en 2019 se extendió —según indicó en la audiencia, por un error del Banco Central— al haber jubilatorio de la mujer, que por ley es inembargable por su carácter alimentario. González Elías sostuvo que la medida es “desproporcionada, injusta e injustificada”, ya que su clienta no está imputada, es una mujer adulta con vida productiva activa y la restricción patrimonial “no es congruente con la finalidad” que alegó el Ministerio Público Fiscal.
Levantamiento sí, revisión en duda
En la audiencia, Fiscalía de Estado no se opuso al pedido, al considerar los argumentos “atendibles” y porque no es parte de la demanda para recuperar los fondos. El Ministerio Público Fiscal aclaró que la extensión al haber jubilatorio no fue responsabilidad suya, pero se opuso a revisar la inhibición general, sosteniendo que los bienes inhibidos fueron adquiridos con parte de los fondos que se investiga como sustraídos y que es necesario custodiar ante una posible pena accesoria de decomiso. Tras escuchar a las partes y requerir precisiones, Barbagelata ordenó —con acuerdo de todos— enviar de inmediato un oficio al banco para que cese la paralización del haber jubilatorio. Sobre el levantamiento de la inhibición general, dictó un cuarto intermedio y anunciará su resolución en los próximos días.
González Elías destacó que en 2019, cuando se dictaron los embargos, la medida “era razonable” ante la posibilidad de una causa probable contra Camisassa, pero que casi siete años después la situación cambió: ni la Fiscalía ni Fiscalía de Estado presentaron cargos ni la demandaron. “No se configura el argumento resarcitorio que alentaba al MPF al inicio de la causa”, afirmó, y remarcó que Fiscalía de Estado, que representa el objetivo resarcitorio, no demandó a su clienta.
Un embargo complicado
Los embargos e inhibiciones que se pidió revisar tienen un antecedente significativo que puso en tensión la investigación: la misma medida terminó exhibiendo que la restituida procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche —que en esa época también era fiscal anticorrupción— había adquirido dos departamentos en fideicomisos con uno de los imputados, integrante del estudio contable Integral Asesoría, al que concurría el esposo de la funcionaria, Sebastián Orlando Bertoz.
¿Distinta vara?
González Elías argumentó sobre un presunto tratamiento “dispar” respecto de otros imputados y sus parejas, imputadas o no. Enumeró varios casos para ejemplificar su hipótesis: parejas en las que solo el varón fue imputado e inhibido (Juan Domingo Orabona y Águeda Bou, Pedro Eduardo Opromolla y Patricia Leiva, entre otros), también parejas en las que solo la mujer fue imputada e inhibida (María Jazmín Mena Gioveni y Alberto Suárez), y otras en las que ambos integrantes están imputados pero solo ella inhibida (María Victoria Álvarez y Esteban Ángel Alberto Scialocomo). En el caso de Breuil y Camisassa, subrayó que se acreditaría un “sesgo arbitrario” con características de género.
Acompañaron el pedido de González Elías los defensores Iván Vernengo y Miguel Cullen, que no representan a las esposas o parejas de sus defendidos pero interesaron la revisión de las inhibiciones. (APFDigital)
