Organizaciones feministas alertaron sobre una amenaza para los derechos
La Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná denunció a AIM que la crisis de salud mental en Entre Ríos “no es un problema individual” sino “una consecuencia directa de las violencias patriarcales, la pobreza y el desmantelamiento de las políticas públicas”. La colectiva difundió un duro comunicado en el que cuestionó la respuesta oficial ante la “urgencia sanitaria en materia de salud mental” declarada por el Gobierno provincial y reclamó políticas públicas con perspectiva de género.
“Algo está pasando en Entre Ríos”, tituló la Asamblea Feminista su comunicado, en el que sostuvo que “la crisis es política y tiene nombre diverso y de mujer”. La organización remarcó que no se puede desligar la problemática de la salud mental de las violencias de género que atraviesan a mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries en la provincia.
Con datos oficiales como respaldo, la colectiva advirtió que “los números son contundentes”: se registraron 841 casos de suicidio entre 2023 y 2026, con una tasa de 19,8 cada 100.000 habitantes, “frente al 9,8 nacional”, y un 75,74% de los casos concentrado en jóvenes de 15 a 29 años.
La Asamblea también vinculó la crisis con la violencia de género, al señalar que “mientras se declara la ‘urgencia en salud mental’, se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos en la provincia”, siendo la violencia psicológica la más frecuente y el hogar “el ámbito más inseguro” para mujeres y niñas. “Las violencias constituyen un problema de salud, así como el empeoramiento de las condiciones de salud impacta en el recrudecimiento de las violencias y desigualdades”, afirmaron.
Las juventudes, en el centro de la emergencia
El comunicado precisó que, además del 75,74% de casos entre los 15 y los 29 años, un 12,36% corresponde a adolescentes de 10 a 14 años. Frente a ese panorama, la organización cuestionó con dureza al gobierno provincial: “¿Qué futuro le ofrece la Provincia a nuestras juventudes? ¿Con salarios de pobreza, equipos desmantelados y sin ESI, cómo van a mejorar estas cifras?”. Y agregó que “la violencia digital, al igual que los consumos problemáticos, no se resuelve con ajuste” sino que “necesita una respuesta integral que ponga más humanidad, más escucha, más territorio”.
Un petitorio con perspectiva de género
La Asamblea Feminista enumeró una serie de reclamos al Estado provincial: presupuesto “visible y suficiente” para sostener equipos interdisciplinarios en salud mental, especialmente en escuelas y barrios; la restitución inmediata del plan Enia y de las redes territoriales de protección y asistencia a las víctimas; educación sexual integral “científica, laica y con perspectiva de género” en todas las escuelas; dispositivos gratuitos y accesibles para abordar violencias, consumos problemáticos y violencia digital; y salarios dignos para las trabajadoras y trabajadores de la salud pública y la salud mental.
Fragmentación institucional y falta de respuestas
El texto citó además el informe del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (Orsmer, 2025), que constató “insuficiente articulación entre salud, protección de derechos y Justicia” y “falta de claridad en las responsabilidades institucionales”. Según la colectiva, esa fragmentación “impacta en los procesos subjetivos de las y los adolescentes y en la capacidad de los equipos de sostener abordajes integrales”.
“Las feministas no nos callamos: mientras los organismos advierten saturación y escasez de turnos, así como la interrupción de líneas de trabajo y dispositivos con base en la comunidad, nosotras seguimos acompañando, conteniendo y denunciando. Pero no podemos solas”, sostuvo la organización, que también apuntó contra el estado de los efectores públicos: “Las listas de espera en los Caps, en las guardias, en los hospitales y en los comedores son la expresión de un sistema y unas redes estalladas y colapsadas en su capacidad de respuesta y acompañamiento”.
Cuestionamientos al decreto de “urgencia sanitaria”
El comunicado recordó que el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, firmaron un decreto que declaró la “urgencia sanitaria en materia de salud mental” y ordenó convocar a la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos —creada por el decreto 418/2022 MS y rectificada por el 643/2025— para elaborar un “Plan Provincial de Contingencias en Salud Mental”.
Sin embargo, la Asamblea Feminista denunció que, desde que la gestión provincial asumió en 2023, “el colectivo de trabajadorxs y usuarixs del sistema de salud pública y salud mental viene denunciando retrocesos en las perspectivas de trabajo, cierres de programas, suspensión de dispositivos, empeoramiento de condiciones de trabajo y salariales”, además del recorte presupuestario en las becas para la formación de especialistas en las Risam.
La organización cuestionó también el reciente lanzamiento de la aplicación oficial ORI, que calificó como “ampliamente repudiado” por haberse presentado “de forma inconsulta” como respuesta a la crisis. En ese marco, se preguntó “cómo se llevará adelante ese ‘Plan Provincial de Contingencias en Salud Mental’ cuando durante casi tres años de gestión no han podido trazar una planificación estratégica sostenible”. La colectiva fue más allá y planteó un interrogante político: “¿Por qué declaran la ‘urgencia sanitaria’ y no la ’emergencia en salud mental’, reclamo de las organizaciones de la región?”. Asimismo, indagó “por qué no acompañan el reclamo por el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad que impacta directamente a las personas usuarias del sistema público y privado”.
Finalmente, la Asamblea Feminista de Paraná exigió “que se reconozca la necesidad de mayor presupuesto y una mejora efectiva de las condiciones de vida y salariales de quienes sostenemos las redes territoriales e institucionales en salud mental y género”, y cerró su comunicado con una consigna: “Emergencia en violencias de género y emergencia en salud mental van de la mano: no hay salud mental si no tenemos derecho a una vida libre de violencias, discriminación y exclusión”.
