Milei arriesga la seguridad nacional con la intervención del Puerto de Ushuaia
Alerta en el Sur: Denuncian que la intervención federal del Puerto de Ushuaia dejó al descubierto graves fallas de seguridad
En las últimas horas, se conocieron detalles alarmantes sobre la situación en el Puerto de Ushuaia, tras la intervención federal dispuesta por la administración nacional. Funcionarios provinciales desplazados advierten sobre un vaciamiento de la seguridad portuaria y un avance hacia la privatización de los servicios, en un contexto geopolítico sensible para la soberanía nacional.
La medida sobre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quedó en evidencia con la injerencia de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) sobre el Puerto de Ushuaia y el desplazamiento de las autoridades provinciales. La región es clave por su conexión oceánica y bicontinental, en un escenario global complejo. Analistas señalan que el gobierno nacional, al buscar congraciarse con intereses extranjeros, podría estar poniendo en riesgo la seguridad del país a partir de esta intervención con destino incierto.
Próximamente, la Dirección Provincial de Puertos a cargo de Roberto Murcia realizará una nueva presentación judicial para advertir sobre los peligros a la seguridad y el descontrol portuario devenidos de la intervención federal.
¿Riesgo de un atentado?
Luego de haber sido corridos de sus funciones por el Poder Ejecutivo Nacional, los ex funcionarios denunciaron el avance de la privatización de los servicios portuarios y los huecos en la seguridad nacional ante el posible incumplimiento –a partir de la intervención federal– de normas internacionales dictadas luego de los atentados a las Torres Gemelas.
“Todos sabíamos que venían por la intervención. La primera vez que llegaron los auditores, les hablábamos de cuestiones técnicas como por ejemplo el funcionamiento de la central de monitoreo o las defensas del puerto y ellos automáticamente nos decían ‘todo eso lo deben hacer los privados’. Teníamos 27 personas en el área de seguridad y ahí fue cuando nos dijeron que debíamos contratar una empresa privada”, afirmó María Rosa Lezcano, la actual directora de protección portuaria, inhabilitada por las autoridades federales para ingresar al Puerto.
El avance del gobierno nacional sobre la provincia no está exenta de contradicciones. Hace meses, la provincia contrató a la empresa de seguridad privada Bushido en un proceso licitatorio que dejó afuera a otras firmas. La contratación ocurrió luego de las primeras presiones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Hasta el día de la intervención, había 30 personas dedicadas a la seguridad portuaria con más de 20 años de antigüedad. Las autoridades nacionales las dejaron afuera, mientras que los integrantes de Bushido quedaron habilitados por la ANPYN que de un día para el otro dejaron de reportar ante la Dirección Provincial. “Se cortaron solos, se dieron vuelta y ahora no tenemos ningún tipo de información sobre las medidas de seguridad que se están ejecutando”, agregó la funcionaria.
La Prefectura de Ushuaia –fuerza federal– también habilitó a los empleados de Bushido como oficiales de protección de instalaciones portuarias, cuando dicha empresa solo tenía antecedentes como prestadora de servicios en los boliches de la ciudad.
¿Será adrede esta aparente improvisación? ¿La administración nacional estará jugando con fuego para que ocurra una verdadera falla de seguridad en el Puerto como nueva excusa para avanzar sobre el gobernador Melella? ¿O buscarán una falla aun mayor?
“El Puerto no tiene seguridad –aseveró Lezcano–. Las personas que ahora hacen el trabajo de los oficiales de protección de las instalaciones portuarias no están capacitadas para esta tarea. El jefe de la Prefectura local es cómplice. Y al haber cambiado de manera abrupta la autoridad de aplicación, el Puerto tampoco cuenta con las certificaciones correspondientes, normas internacionales que se impusieron luego de los atentados a las Torres Gemelas. El Puerto carece, en estos momentos, de un Plan de Protección”.
– ¿Qué implica la falta de un Plan de Protección? –, se le preguntó.
– Que nada te garantiza que no haya un derrame o un atentado.
La construcción de una intervención
El Poder Ejecutivo utilizó como excusa para avanzar con la intervención del puerto una denuncia realizada por el secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, contra una ley provincial que creaba un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF) financiado con el superávit del Puerto de Ushuaia.
No por casualidad, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación solo habilitó a trabajar dentro del puerto al gremio vinculado a Avellaneda. A partir de esa denuncia se realizó una primera auditoría que finalizó con la intervención federal.
“Desde Buenos Aires vinieron y nos observaron algunas cuestiones leves. Pero nos pusieron la categoría ‘Certificado no vigente’, y nos dieron 30 días para llevar adelante una serie de modificaciones. Volvieron a inspeccionar, estaba todo en orden. El auditor de la Prefectura certificó el documento por cinco años más sin ningún tipo de deficiencia. Ese documento va a la Organización Marítima Internacional y todo el mundo sabe que somos un puerto seguro. Pero a la semana cayeron otra vez ya con la idea de intervenirnos”, explicó Jorge Alberto Ramírez, contratado por la DPP como oficial de protección de las instalaciones portuarias (OPIP).
– ¿Cuál es el rol que cumplen los oficiales de protección de la infraestructura portuaria? –, se le preguntó a Néstor Lagraña, oficial de protección y ex director de la DPP.
– Cada vez que llega un buque tiene que haber un oficial OPIP, nosotros éramos cuatro a cargo del Plan de Protección, que incluye el monitoreo de los movimientos de los buques, las cuestiones asociadas a la seguridad de los pasajeros y temas ambientales para evitar derrames o el vertido de aguas grises por parte de los buques. Hoy esa protección la brinda supuestamente la empresa Bushido.
En el puerto trabajaban 100 personas aproximadamente. Con la intervención, se habilitó solamente la continuidad de 20 empleados vinculadas al gremio de la Unión de Personal Superior Ferroviario, a cargo de Juan Avellaneda, la misma persona que había formulado la denuncia administrativa contra las autoridades portuarias provinciales.
– ¿Existe una situación de riesgo dentro del Puerto? –, se insistió con Lagraña.
– No nos consta que haya personal especializado para llevar adelante el Plan de Protección. Primero tenés que tener conocimiento del plan, los detalles del equipamiento, saber cómo moverte ante una contingencia como un derrame de los residuos oleosos de los buques. En seguridad éramos 30 personas, cuatro éramos oficiales OPIP. Desde Buenos Aires nos habían dicho que éramos pocos por eso se contrató una empresa de seguridad privada. Ahora ellos quedaron a cargo cuando nosotros teníamos más de 20 años de experiencia dentro del Puerto.
Los principios de una privatización
“Todo tiene que ser privado”. Eso fue lo que le dijeron a María Rosa Lezcano, directora de Protección Portuaria cuando los funcionarios de la ANPYN se hicieron presentes en el Puerto de Ushuaia. Concretada la intervención, los representantes del Poder Ejecutivo Nacional quitaron de las máquinas del puerto el ploteo que las identificaba como propiedad de la provincia.
“Por estas horas, la operatoria de los contenedores la está llevando adelante una empresa privada cuando ese movimiento lo suele hacer el personal de puerto –manifestó Lagraña–. Una de las empresas que está llevando adelante las operaciones por decisión de la intervención se llama Masciotra (junto a Estibajes y Logística Austral SRL)”.
Pero no es la única. La directora de protección portuaria –que paradójicamente no puede entrar al Puerto por decisión de la ANPYN– señaló a la sociedad de nombre Logística Lechman, que pertenece a Marcelo y Jorge Lechman. Este último es legislador por el partido “Somos Fueguinos”.
Hace meses, Jorge Lechman –también empresario con intereses cruzados con el Puerto– había presentado un proyecto para la creación de un Consejo Asesor Portuario en el que hablaba de la posible privatización de las instalaciones ahora intervenidas. En paralelo, su hermano reclamaba la intervención de la ANPYN. Además de las cuestiones de seguridad denunciadas por Lezcano, en Tierra del Fuego avanza una privatización de hecho sobre el Puerto.
Vasallaje
Hace casi un año, el presidente Milei se reunió en Tierra del Fuego con la entonces jefa del Comando Sur de EE.UU., quien había manifestado el interés de su país por los recursos de la región. Desde entonces, el gobierno nacional puso en funcionamiento acuerdos de gobernanza de minerales críticos y dio pasos para la injerencia del cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la gestión de la Vía Navegable Troncal.
Ahora, no solo intervino el Puerto de Ushuaia sino que autorizó la llegada de una comitiva de congresistas de los Estados Unidos bajo una total opacidad. Todavía ni la Cancillería, ni la ANAC ni el Ministerio de Defensa brindaron información sobre todos los pasajeros del avión estadounidense que arribó.
Es el vasallaje, resumió Guillermo Carmona, ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
“El problema es el vasallaje promovido y permitido por Milei por el que decisiones clave de la Argentina se toman en Washington. Es el vasallaje que representa la descarada intromisión que, aviones y congresistas mediante, ya está interviniendo con la aquiescencia del gobierno para limitar la autonomía de las provincias y condicionar las decisiones de los gobernadores. El problema es que el gobierno vasallo intervino el Puerto de Ushuaia, medida que vulnera la autonomía provincial y preanuncia una muy probable privatización a favor de intereses empresariales ligados a Estados Unidos”, concluyó Carmona.
