Milei amplía en $250.000 millones los fondos para afrontar juicios de jubilados
El gobierno de Milei amplió este viernesel margen presupuestario destinado a pagar las deudas previsionales reconocidas por la Justicia y por acuerdos administrativos. A través de la Decisión Administrativa 26/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete incrementó en $250.000 millones el límite fijado por el artículo 40 del Presupuesto 2026 para cancelar sentencias judiciales, deudas administrativas y acuerdos transaccionales vinculados con reajustes de prestaciones de jubilados y pensionados.Con la nueva modificación, el tope anual para ese concepto pasó a $962.288 millones.
El monto original establecido por la Ley de Presupuesto 27.798 era de $212.288 millones, por lo que los sucesivos refuerzos dispuestos durante el año elevaron el margen disponible en $750.000 millones, más de cuatro veces el crédito previsto inicialmente. La primera ampliación, instrumentada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, había agregado $500.000 millones y llevado el límite hasta $712.288 millones.
La propia norma señala que el incremento responde a la necesidad de reforzar los recursos destinados a la cancelación de “sentencias judiciales de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa” y de las deudas establecidas en acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley 27.260. El mecanismo alcanza a los retroactivos generados por ajustes en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la ANSES.
Juicios de jubilados: segundo aumento en 2026
Cuando se sancionó el Presupuesto 2026, el artículo 40 estableció $212.288 millones para atender las deudas previsionales judiciales y administrativas, aunque el propio texto habilitó al jefe de Gabinete, con intervención del Ministerio de Economía, a ampliar ese límite cuando el cumplimiento de las obligaciones lo requiriera.
En mayo, el Gobierno utilizó esa facultad y sumó $500.000 millones, llevando el límite a $712.288 millones. La decisión de septiembre agrega otros $250.000 millones y deja el techo en $962.288 millones. De esta manera, el margen autorizado para pagar estas obligaciones aumentó un 353,3% respecto del crédito original. En estos expedientes, la sentencia puede disponer tanto la actualización del haber mensual como el reconocimiento de un retroactivo correspondiente a períodos anteriores.
En su información oficial explica que el Programa de Reparación Histórica contempla acuerdos para actualizar haberes y cancelar deudas reconocidas a jubilados y pensionados que cumplen las condiciones previstas por la Ley 27.260. El organismo también mantiene un sistema específico para consultar las sentencias judiciales y sus respectivos procesos de liquidación.
El propio Gobierno había anunciado durante la gestión de Mariano de los Heros una modificación del procedimiento para acelerar la actualización de los haberes de quienes obtuvieran una sentencia firme. En aquel momento, el entonces titular de ANSES había informado que existía un stock de unos 92.000 juicios y planteado un mecanismo para separar la actualización del haber mensual del pago del retroactivo.La ANSES sostiene actualmente que las sentencias condenatorias contra el organismo deben cumplirse dentro de los 120 días hábiles desde la recepción efectiva del expediente administrativo y establece un orden de prioridad para los pagos, con especial consideración para las sentencias de períodos anteriores y para los beneficiarios de mayor edad.
La deuda que sigue creciendo
El aumento del límite presupuestario tampoco significa que los $962.288 millones vayan a ser desembolsados automáticamente ni que todos los jubilados que tienen una sentencia vayan a cobrar ese monto. Lo que hace la decisión administrativa es elevar el máximo que puede destinarse durante el ejercicio a la cancelación de esas obligaciones.
La diferencia no es menor porque el universo de reclamos previsionales excede ampliamente el margen presupuestario autorizado para un solo año. Un relevamiento del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES)estimó que los juicios previsionales acumulan una deuda superior a los $3,1 billones. El mismo informe señalaba que el Estado explicaba más de la mitad de los recursos que llegaban a la Corte Suprema y que la ANSES concentraba más del 90% de los conflictos estatales mencionados en ese análisis.
La comparación permite dimensionar el alcance de la ampliación anunciada este viernes. El nuevo límite de $962.288 millones representa una porción significativa, pero no cubre por sí solo el universo de obligaciones previsionales judicializadas estimado en aquel relevamiento. Además, las cifras no son estrictamente equivalentes, dado que una cosa es el stock total de deuda derivado de los litigios y otra el límite presupuestario anual que el Poder Ejecutivo habilita para efectuar pagos.
El Gobierno, por otra parte, sostiene que está acelerando la resolución de estos expedientes. La ANSES informó que su nuevo esquema busca reducir el tiempo de procesamiento de las sentencias de 650 a 120 días hábiles y que contempla un procedimiento extraordinario para actualizar los haberes de personas que ya cuentan con una sentencia firme pero todavía no recibieron el reajuste.
El problema es que el aumento de los fondos para atender los fallos convive con una política previsional que durante la gestión de Milei quedó atravesada por el objetivo de reducción del gasto público. En ese marco, el reconocimiento presupuestario de mayores obligaciones judiciales funciona también como una señal de los límites que tiene el ajuste cuando existen derechos previsionales que fueron reclamados ante los tribunales y terminaron siendo reconocidos mediante sentencias firmes.
