Mercados de carbono, la propuesta del Congreso y los puntos clave en debate
El Congreso nacional analiza iniciativas para regular los mercados de carbono y facilitar el financiamiento de proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero. El avance más concreto se registra en el Senado, donde tres propuestas confluyeron en un dictamen conjunto que permanece pendiente de tratamiento, constató AIM al revisar los registros parlamentarios. La discusión incluye la participación de las provincias, la comercialización de los créditos y las garantías ambientales.
La posibilidad de obtener recursos por proyectos que reduzcan emisiones o capturen carbono forma parte de una agenda legislativa que conecta la política climática con la producción y el mercado de capitales. Argentina cuenta desde 2023 con una estrategia nacional para estos instrumentos, pero las iniciativas parlamentarias buscan establecer un marco legal específico que brinde previsibilidad a su desarrollo.
En términos generales, los mercados de carbono permiten comercializar créditos asociados a reducciones o remociones verificadas de gases de efecto invernadero. En los mercados voluntarios, los compradores participan por decisión propia; en los de cumplimiento, intervienen obligaciones establecidas por los respectivos regímenes. La certificación y los controles resultan centrales para acreditar el beneficio climático de los proyectos.
Tres proyectos y un dictamen conjunto
En la Cámara alta confluyeron tres expedientes: el S-808/26, de Flavia Royón y otros senadores, referido al marco regulatorio del mercado voluntario de carbono; el S-865/26, de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, sobre presupuestos mínimos ambientales e integración al mercado de capitales; y el S-718/26, de Jorge Capitanich, destinado a regular la emisión y el desarrollo de activos financieros ambientales.
Las propuestas fueron analizadas por las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda. Tras las exposiciones de representantes productivos, especialistas y organizaciones ambientales, se elaboró un texto conjunto.
Según verificó AIM, el trámite registra el ingreso del dictamen el 8 de septiembre y su publicación como Orden del Día 366/2026, que figura pendiente. El expediente también consigna firmas en disidencia. Ese avance corresponde a la etapa de comisiones y todavía requiere una definición del pleno del Senado.
Los antecedentes en Diputados y las firmas entrerrianas
En Diputados también existen propuestas vinculadas con esta agenda. Una de ellas es el expediente 6538-D-2024, encabezado por Maximiliano Ferraro, que plantea presupuestos mínimos para implementar proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. Entre sus firmantes aparecen los entrerrianos Atilio Benedetti y Francisco Morchio.
Ese proyecto propone inscribir las iniciativas en el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático, garantizar el acceso público a la información y establecer requisitos para las transferencias internacionales de resultados de mitigación bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Para estas últimas contempla una autorización nacional previa y la consideración de los compromisos climáticos del país.
Otro antecedente es el expediente 4491-D-2024, presentado por Roberto Mirabella y acompañado por Ana Fabiola Aubone, que propone un régimen de fomento de los mercados de carbono en Argentina. Fue girado a las comisiones de Recursos Naturales, Economía y Presupuesto y Hacienda.
Provincias, inversiones y controles
El papel de las provincias constituye uno de los ejes de la discusión. En mayo, una presentación en el Senado impulsó una mesa interjurisdiccional con participación de once provincias para abordar la regulación y las posibilidades de canalizar financiamiento internacional hacia los territorios.
Sin embargo, persisten diferencias sobre el diseño normativo. De acuerdo con información publicada sobre la Resolución 578 del Consejo Federal de Medio Ambiente, fechada el 13 de octubre, el organismo resolvió no acompañar la aprobación de la redacción del proyecto bajo análisis del Senado y reclamó participación provincial.
Desde la sociedad civil también se formularon reparos. Organizaciones ambientales solicitaron instancias efectivas de participación y advirtieron que la regulación debe asegurar transparencia, trazabilidad de los créditos y protección de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales. Además, señalaron la necesidad de resguardar la biodiversidad y el cumplimiento de las metas climáticas argentinas.
La revisión realizada por AIM muestra que la discusión legislativa reúne oportunidades de financiamiento y diferencias sobre cómo distribuir competencias, controlar los proyectos y proteger sus beneficios ambientales. Con un dictamen conjunto todavía pendiente en el Senado, esas definiciones siguen abiertas antes de que la propuesta pueda convertirse en ley.
