Los negocios ocultos y los peligros tras la extranjerización de tierra
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el gobierno nacional impulsa en el Senado, encendió las alarmas en Entre Ríos. Es que, detrás de su nombre, se esconde una verdadera “ley de extranjerización de la tierra”, como la define Pablo Volkind, profesor e historiador de la UBA e integrante del Observatorio de Tierras Rurales. La administración Milei pretende derogar el Régimen de Protección del Dominio Nacional desde el inicio de su gestión, a partir del DNU 70/23, frenado por una medida cautelar que ahora duerme en la Corte Suprema de Justicia.
“Hay extranjerización porque antes hubo concentración de la tierra. Lo que les molesta de esta normativa es que corrió el velo jurídico sobre el capital”, afirma Florencia Gómez, ex titular del Registro Nacional de Tierras Rurales. Los empresarios como Joe Lewis, Peter Thiel y sus socios argentinos no quieren que sus movimientos, comerciales y geopolíticos, sean auscultados por la sociedad. Se mueven en la opacidad. Quieren la opacidad.
La compra de tierras, sobre todo cuando se trata de grandes extensiones de campos ubicadas en zona de seguridad de frontera, no puede ser considerada como una simple inversión. La tierra es un bien social que abraza los bienes comunes de una sociedad, como pueden ser un lago, un glaciar o parte de un bosque. También son una barrera de defensa de la soberanía ante una potencial hipótesis de conflicto. Para Entre Ríos, bañada por el río Paraná y con frontera seca con Uruguay, el tema es vital: cualquier venta de tierras en la costa del Paraná o en la zona de frontera con el país vecino implica un riesgo directo a la integridad territorial.
En las últimas semanas, la Procuración de Investigaciones Administrativa (PIA) emitió un dictamen en la causa que investiga una fraudulenta operación de compraventa de 60.000 hectáreas en Santa Cruz por parte de un grupo empresarial chileno (Maximiliano Ibáñez Bulnes), a partir de una red de testaferros manejados desde el estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, en el que se remarcó la vital importancia de evitar la extranjerización de tierras en zona de seguridad de frontera.
“El peligro no consiste en lo que personas extranjeras —físicas o jurídicas— puedan hacer mientras se encuentran con la titularidad cuestionada de terrenos argentinos ubicados en zonas de seguridad, sino que el peligro es su posesión misma. La posible irregular posesión de tierras argentinas por parte de extranjeros es en sí misma un daño a la integridad territorial de la república”, puede leerse en el dictamen del fiscal Sergio Rodríguez en la causa que investiga la operación vinculada a Cielos Patagónicos S.A.
La misma advertencia de la fiscalía anticorrupción le podría caber a la fraudulenta operación de adquisición de 12.000 hectáreas de Lago Escondido por parte de Joe Lewis o las 14.000 hectáreas en el Cerro Carreras compradas por los Emiratos Árabes Unidos, capitales que también se hicieron de una pista de aterrizaje que los ubica a dos horas de vuelo de las Islas Malvinas.
El proyecto que pretende aprobar La Libertad Avanza coloca nuevamente un velo sobre este tipo de operaciones (que nada tienen que ver con inversiones productivas y el desarrollo del país) y consolida un esquema de legalidad fraguada. El dictamen que será tratado en la próxima sesión del Senado, además de eliminar los porcentajes límites de extranjerización, habilita a las provincias —incluyendo a Entre Ríos— a vender tierras a personas de otros países, incluso Estados, en zonas de seguridad de frontera. El programa de saqueo de La Libertad Avanza incluye la entrega de los minerales críticos, la gobernanza sobre el Paraná y la disposición del territorio nacional para uso y abuso de los ricos del mundo.
Los peligros de la extranjerización de tierras
A partir de la vigencia del decreto 820/2016, dictado por el ex presidente Mauricio Macri y redactado en el estudio jurídico Brons y Salas que por entonces representaba a Hidden Lake, la empresa de Lewis, comenzó un nuevo proceso de extranjerización de la tierra. Milei busca consolidarlo con los cambios normativos que se tratarán en el Senado.
En 2018, un empresario chileno de nombre Maximiliano Ibáñez Bulnes se hizo con 60.000 hectáreas en la región de Tres Lagos – Calafate, a través de una red de testaferros y la complicidad de quien por entonces era la titular del Registro Nacional de Tierras Rurales, María Cristina Brunet, que antes de asumir había sido una comunera del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. También fue acusado el ex subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras, Renato Matías Lobos.
Según el dictamen de la PIA, Brunet fraguó documentos públicos para evitarle al empresario chileno tener que realizar un pedido de previa conformidad para acceder a las tierras en zona de seguridad de frontera. El Decreto 32.530/48 incluía excepciones que permitían a los extranjeros adquirir tierras en zona de seguridad de fronteras, salvo en un caso particular: el de los extranjeros oriundos del país limítrofe con la porción de tierra sobre la que solicitaran su posesión.
“El Fideicomiso Cóndor, adquirente de la mayoría accionaria de Cielos Patagónicos S.A., propietaria ésta de tierras limítrofes con la República de Chile, es controlado por Inversiones Aluquina S.A., sociedad cien por ciento manejada por empresas chilenas (Surex Activos Inmobiliarios S.A. y Explora Chile S.A.)”, puede leerse en el dictamen de la PIA. El entramado incluyó la participación de Ezequiel Braun Pellegrini, que puso a disposición su nombre y ciudadanía junto al estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Además de haber develado el entramado de nombres y fideicomisos truchos, lo central del dictamen de la PIA fueron sus argumentos vinculados a la soberanía nacional y los riesgos de vender parte del territorio en las zonas de frontera. A continuación, algunos fundamentos:
- “Mientras continúe este estado de cosas, parte del territorio argentino se encuentra bajo el designio de empresas extranjeras que, a la vez, son nacionales del país lindante a las tierras en cuestión. Ello significa que el territorio de la República Argentina se encuentra afectado fuertemente en su integridad territorial y, por lo tanto, vulnerada su soberanía sobre tierras que oportunamente fueron objeto de un conflicto internacional con escaladas armadas”.
- “El peligro no consiste en lo que personas extranjeras —físicas o jurídicas— puedan hacer mientras se encuentran con la titularidad cuestionada de terrenos argentinos ubicados en zonas de seguridad, sino que el peligro es su posesión misma. La posible posesión irregular de tierras argentinas por parte de extranjeros es en sí mismo un daño a la integridad territorial de la república”.
- “Si se pretendiera argumentar que las disputas territoriales con la República de Chile son cuestiones del pasado, cabe mencionar un dato: la sede de Carabineros ubicada en los terrenos chilenos lindantes a las tierras propiedad de Cielos Patagónicos S.A. se llama Teniente Hernán Merino Correa, en homenaje al carabinero muerto en un enfrentamiento con la Gendarmería Argentina durante la disputa territorial conocida como Laguna del Desierto”.
- “Esta situación no hace más que poner en evidencia que lo que fue motivo de disputa armada entre Argentina y Chile por cuestiones limítrofes, a la postre solucionadas por un laudo arbitral, años más tarde esas mismas tierras pasaron a ser propiedad de una sociedad controlada por capitales chilenos”.
Lewis, una pista de aterrizaje y los Emiratos Árabes
Milei pactó en secreto con el empresario Joe Lewis para ponerle un punto final a una acción de lesividad que había iniciado el propio Estado en 2023 vinculado a la compra fraudulenta de 12.000 hectáreas durante la década de 1990. Dicho entramado incluyó una red de prestanombres y testaferros, entre ellos el abogado Lisandro Alfredo Allende, encargado de solicitar el pedido de previa conformidad para adquirir tierras en zona de seguridad de frontera a nombre de Hidden Lake, la empresa que terminó inscripta bajo el ala del británico Lewis.
La legisladora Magdalena Odarda presentó nuevamente un escrito ante la PIA para que se investigue el acuerdo firmado por el Ministerio del Interior a principios de año y develado por El Destape. El motivo de fondo para cerrar el litigio que había inici
