Justicia blindada con 64 sanciones en 27 años
(Regional 97.3)
Una investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ/JusTA) reveló que en Argentina solo el 1,3% de las denuncias contra jueces y juezas federales y nacionales presentadas desde la creación del Consejo de la Magistratura llegó a una sanción o remoción. El dato, que también interpela a Entre Ríos y al funcionamiento federal de la Justicia, surge de un relevamiento sobre el sistema disciplinario del organismo y plantea serias dudas sobre la efectividad de los controles.
El trabajo, titulado “¿Justicia intocable?”, analizó el funcionamiento del sistema disciplinario del Consejo de la Magistratura y señaló problemas vinculados con la transparencia de los expedientes, la participación de quienes realizan las denuncias, la distribución de los casos y las demoras en su tramitación. La investigación relevó 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales presentadas desde la creación del Consejo. De las 4.910 que ya fueron cerradas, apenas 64 terminaron en una sanción o remoción: el 1,3%.
El informe consignó que “en Argentina, solo el 1,3% de las denuncias contra jueces y juezas federales y nacionales llegó a una sanción o remoción. La Constitución Nacional dice que quienes imparten justicia solo pueden ser removidos de sus cargos por mal desempeño o por comisión de delitos. Esta es una garantía de independencia porque evita que sean desplazados por sus decisiones o razones políticas”.
Y añadió: “Pero, si los procesos de investigación no funcionan como deberían, la garantía de independencia puede rápidamente transformarse en garantía de impunidad. Con datos y hallazgos inéditos, esta investigación explora esa distorsión institucional”.
Posibilidades de remoción remotas
En la introducción, se indicó que “al analizar el comportamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), parecieran ser remotas las posibilidades de que jueces y juezas sean responsabilizados por mal desempeño o comisión de delitos. En efecto, si se estudia lo que pasó con las 5.170 denuncias presentadas a lo largo de casi tres décadas de funcionamiento del organismo, se observa que de las 4.910 denuncias que ya están cerradas, solo el 1,3% (64) llegó a una sanción o destitución del Jurado de Enjuiciamiento”.
Justicia blindada
Entre los obstáculos enumerados se mencionó “problemas múltiples en el deber de control, que abarcan desde la falta de participación de denunciantes en las investigaciones e inacción de quienes las instruyen hasta la transgresión de las obligaciones legales de publicar los procesos y de brindar acceso a esa información, explican la edificación de una Justicia blindada”.
También se consignó que “a partir de la consulta de fuentes normativas, documentales y bibliográficas, del análisis de bases de datos oficiales y respuestas a pedidos de acceso a la información pública y de entrevistas a consejeros, denunciantes y especialistas en el tema, esta investigación del equipo de ACIJ/JusTA revela por qué la buena conducta como requisito para ejercer la magistratura nacional y federal se desvanece en nuestro país. Muchas causas disciplinarias se encaminan al olvido, y ni siquiera funcionan como obstáculo para ascender al interior del Poder Judicial”, se señaló.
Según los datos recopilados, de las denuncias cerradas, 3.700 fueron desestimadas, 469 finalizaron por caducidad y 633 no permiten conocer, a partir de los datos del Consejo, la causa del cierre. En tanto, hubo 43 sanciones y 21 remociones. La investigación advierte que las denuncias caducan si no existe una resolución del Plenario dentro del plazo legal. “Esto significa que una causa puede cerrarse sin que exista una investigación ni una decisión sobre los hechos denunciados”, sostiene el informe que publicó Diario Judicial.
Otro de los puntos señalados es el acceso a los expedientes. El equipo pidió información sobre 69 expedientes próximos a caducar de las comisiones de Disciplina y de Acusación. Tras varios meses, solo pudo acceder a siete denuncias desestimadas o archivadas, además de algunas resoluciones y autorizaciones para consultar presencialmente determinados procesos.
La investigación también pone el foco en quienes presentan las denuncias. El reglamento establece que pueden denunciarse hechos u omisiones atribuibles a magistrados que puedan configurar una falta disciplinaria o una causal de remoción, pero quien denuncia “no será parte de las actuaciones”. Para el informe, esto implica quedar afuera del trámite y dificulta conocer qué medidas se adoptaron y cómo avanzó la investigación.
El trabajo también analiza cómo se decide si una denuncia tramitará ante la Comisión de Disciplina o ante la Comisión de Acusación. La primera interviene en faltas que pueden derivar en advertencias, apercibimientos o multas, mientras que la segunda aborda los hechos más graves que eventualmente pueden llevar a un proceso de remoción. La investigación señala que los criterios de asignación no están definidos de manera taxativa.
Casos que exponen el sistema
En el informe también aparece el caso de Diego Hernán Papa, juez nacional del Juzgado en lo Comercial 12. La investigación señala que el Consejo recibió denuncias vinculadas con presunto maltrato y acoso laboral, entre otros hechos, y que el expediente terminó archivado luego de que transcurrieran más de tres años sin definición. Antes del archivo, el Plenario había votado sucesivamente distintas alternativas sin alcanzar la mayoría necesaria.
Entre los casos mencionados en el trabajo también figura Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, cuya actuación fue denunciada tiempo atrás por el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de La Plata. Según la investigación, en ese expediente se solicitaron copias de actuaciones y la causa caducará si el Consejo no se expide antes del vencimiento legal.
El informe incorpora además el caso de Ariel Lijo, quien durante más de dos décadas como juez recibió 41 denuncias disciplinarias por distintas situaciones. La investigación señala que en algunos expedientes no se pidió ninguna medida de prueba y que la mayoría fueron rechazados.
El escenario de los jury también tuvo movimiento en la última etapa. El último juez enviado a jury fue Pablo Díaz Lacava, acusado de presunto maltrato, quien finalmente salió airoso. Fue el tercer juez sometido a jury en pocos meses. Recientemente fue destituido Martín Poderti, integrante de un tribunal oral de Mar del Plata. También fue removido de su cargo el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de proferir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.
Además, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva, será juzgado próximamente. Está acusado de supuestamente ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos. “Si de un total de 4.910 denuncias, solo 64 llegaron a una sanción (1,3%), se abren interrogantes sobre la efectividad de estos procesos”, concluye el informe. (APFDigital)
