Habitantes de Oro Verde se oponen a la instalación de un basural en su zona

Vecinos autoconvocados, profesionales y organizaciones de Oro Verde se movilizaron en las últimas horas para rechazar de plano el Consorcio firmado por las autoridades y cualquier intento de incorporar la ciudad al denominado “Parque Ambiental”, según informaron desde la comunidad. La reunión se realizó en el Polideportivo municipal y marcó el inicio de un plan de lucha que consideran firme y sostenido hasta obtener respuestas ante una situación que, advierten, “vulnera sus derechos y su historia como comunidad”. Exigen la salida del municipio del Consorcio y se oponen tajantemente a ser incorporados “por la fuerza” a un proyecto que, según denuncian, encubre la llegada de residuos de otras localidades a la ciudad universitaria.

Durante el encuentro, los vecinos argumentaron que la medida es arbitraria e inconsulta, y que incumple normativas internacionales, nacionales y provinciales vigentes, además de “desconocer las ordenanzas locales” y pasar por encima del derecho fundamental a habitar en un ambiente sano. “El área señalada como ‘predio’ al que han hecho referencia las autoridades, implicando que podrían trasladar la basura a nuestra localidad, es una reserva natural protegida. Está a apenas 2 o 3 kilómetros de barrios como Golf, de fundaciones de salud como Cemener y de loteos como Oasis. Incluso los barrios de la zona sur de Paraná están próximos”, expresaron.

Oro Verde, históricamente reconocida por su manejo responsable de los residuos con separación en origen, recolección diferenciada y reciclado en planta, ha sido una de las localidades con mayor demanda de acciones ambientales concretas en los últimos años. Se ha opuesto a la aplicación de agroquímicos en el perímetro de sus barrios limítrofes, ha reclamado por el agua de calidad, se ha manifestado contra el desmonte nativo y en contra de la instalación de un horno crematorio. Como era de esperar, esta vez no fue la excepción: sus residentes se opusieron inmediatamente al conocerse la noticia difundida por el propio gobierno provincial. Reclamaron haber sido “invisibilizados” desde las distintas esferas del Estado al intentar imponerles una iniciativa que atenta contra su modo de organización social, sus valores y sus espacios dedicados a la conservación de la biodiversidad.

“El predio –como lo llaman ellos– tiene una composición geológica que, según los estudios mineros nacionales, es el peor lugar para instalar cualquier tipo de emprendimiento vinculado a los residuos. Está a escasos metros de la capa freática, forma parte del humedal, es lindante con dos arroyos fundamentales y próximo al río. Sin mencionar que las 800 toneladas diarias que pretenden tirar acá invisibilizan también a otro sector: las familias y recuperadores urbanos de Paraná, complejizando el impacto social y cultural de una iniciativa que no tiene un solo punto positivo. Da la impresión de que quienes idearon esta alternativa buscan sacarse un problema de encima, no solucionarlo. Pero ¿por qué tendríamos nosotros que ser las víctimas de la inacción de los funcionarios, muchos de los cuales vienen desde otras gestiones ignorando el problema del volcadero de Paraná?”, agregaron.

En la reunión también quedó de manifiesto que la regionalización de la política de gestión de los residuos sería uno de los peores errores en gestión ambiental, coincidiendo con la posición del Foro Ecologista de Paraná, que volvió a recordar los términos en que la organización propuso abordar el problema.

Otros planteos de los vecinos

Los vecinos de Oro Verde también responsabilizaron al Concejo Deliberante local ante esta avanzada sobre la libre determinación del pueblo y reclamaron por ordenanzas que resguarden el territorio. Al mismo tiempo, observaron que detrás de este Consorcio se esconde la privatización de un servicio esencial. Según los abogados que forman parte del grupo, el documento firmado por los intendentes del área metropolitana tiene serias falencias técnicas al no respetar: el Acuerdo de Escazú (derechos de participación y acceso a la información), la Ley General del Ambiente 25.675 (falta de EIA y participación ciudadana), la Ley de Residuos 25.916 (basurales a cielo abierto no clausurados y no integración de recuperadores), la Ley de Mancomunidades Entrerrianas 10.853 (estructura directiva permanente antidemocrática), y la Constitución Nacional y Provincial (derecho al ambiente sano con control ciudadano).

Por último, solicitaron a los demás intendentes del área metropolitana que “gestionen sus municipios y se abstengan de hacer declaraciones diciéndonos qué hacer y qué no hacer en y con nuestra ciudad”.