Granja Tres Arroyos: suspendida asamblea de trabajadores y concurso sigue parado por competencia judicial
La elección del representante laboral en el comité de control quedó pospuesta debido a las dificultades de asistencia de los trabajadores. En paralelo, el concurso preventivo pedido por la empresa permanece frenado por un conflicto de competencia entre dos juzgados comerciales porteños.
La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), filial Concepción del Uruguay, confirmó la suspensión hasta nuevo aviso de la asamblea extraordinaria programada para este miércoles 18 de noviembre a las 18.
El encuentro, entre otros puntos, tenía como objetivo principal la elección de un delegado sindical para integrar el Comité Provisorio de Control, en el marco del proceso concursal de la empresa Granja Tres Arroyos.
De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad gremial, al que accedió Página Gremial, la postergación responde a los inconvenientes planteados por los trabajadores para concurrir en fecha y horario fijado.
Tras la paralización de la planta «La China», gran parte del personal se encuentra realizando tareas informales de reparto, «changas» o se ha visto obligado a desplazarse fuera de la ciudad para obtener ingresos de subsistencia.
Frente a este panorama, el STIA informó que la designación del representante de los trabajadores continuará tramitándose mediante los canales institucionales y el departamento legal del gremio, con el respaldo de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA).
El propósito de la conducción sindical es elevar la propuesta directamente ante la Justicia Comercial para que el juez de la causa valide la inclusión del delegado en el órgano de fiscalización.
Asimismo, el gremio anticipó que comunicará a la brevedad la nueva fecha y hora para la realización de la asamblea.
Parálisis concursal por un conflicto de competencia judicial
La constitución formal del Comité de Control se encuentra supeditada a la resolución del trámite concursal de Granja Tres Arroyos (Expediente COM 018558/2026), iniciado en septiembre de 2026 tras la solicitud de apertura de concurso preventivo de acreedores por parte del grupo empresario.
Actualmente, el expediente atraviesa un estancamiento procesal debido a una disputa de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, y el Juzgado Comercial N° 1, conducido por el juez Alberto Alemán.
Al no existir acuerdo, la Justicia aún no ha emitido el dictamen de apertura formal ni ha designado a la sindicatura concursal.
Esta indefinición procesal impide la conformación del Comité Provisorio de Control, el cual, según lo estipulado por la Ley de Concursos y Quiebras (Ley N° 24.522), debe integrarse por los tres mayores acreedores quirografarios denunciados por la compañía y un representante electo por los trabajadores.
En una etapa posterior, previa a la homologación de un eventual acuerdo o liquidación, se establecerá el Comité Definitivo con mayor representación laboral.
Medidas cautelares e inhibición general de bienes
A pesar de la traba jurisdiccional para la apertura del concurso, la Justicia Comercial dispuso medidas cautelares provisorias destinadas a resguardar el activo de la firma. Entre éstas destaca la inhibición general de bienes impuesta al GTA y a sociedades vinculadas como Wade y Avex, medida que prohíbe la venta, gravamen o transferencia de inmuebles, plantas y maquinarias.
Este freno judicial opera como un resguardo patrimonial frente a una deuda laboral calculada en más de $62.400 millones a nivel de todo el grupo económico.
Adicionalmente, el juzgado ordenó la apertura de una cuenta inembargable en el Banco Ciudad destinada de forma exclusiva al pago de sueldos e impuestos.
En este marco, STIA ejerce un esquema de guardia y vigilancia física en las instalaciones de la planta «La China» para evitar posibles maniobras de vaciamiento o retiro no autorizado de maquinarias e insumos.
A nivel legal, el sindicato cuenta con legitimación procesal para solicitar la ampliación de embargos o accionar contra accionistas y directivos en caso de irregularidades.
Los trabajadores disponen de resortes contemplados en la Ley N° 24.522 para actuar en el expediente:
-Verificación de créditos laborales: Presentación del pedido de verificación de montos adeudados (salarios caídos, indemnizaciones y aguinaldos) ante la sindicatura, proceso exento de aranceles y de tasa de justicia para el personal.
-Pronto pago (Artículo 16): Solicitud de cobro prioritario de rubros alimentarios e indemnizatorios ante el juez del concurso, el cual puede tramitarse individual o colectivamente con el patrocinio del gremio o patrocinio particular sin aguardar la finalización del proceso concursal, sujeto a la existencia de fondos líquidos.
Acampe y reclamos
El conflicto laboral en la planta ubicada en Concepción del Uruguay acumula más de seis meses de parálisis generalizada. Desde mayo de 2026, los trabajadores mantienen un acampe ininterrumpido frente al establecimiento, acompañado por acciones de visibilización como ollas populares.
Las demandas abarcan:
-La reapertura inmediata de la planta y la preservación de los puestos de trabajo activos.
-El pago de cinco meses de salarios adeudados y el sueldo anual complementario (aguinaldo).
-La cancelación urgente de las indemnizaciones correspondientes a casi 480 operarios despedidos, en un conflicto que impacta de manera directa en cerca de 930 familias.
El impacto del caso trasciende el ámbito local. Informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ubican a la provincia de Entre Ríos en el quinto lugar del ranking nacional de conflictividad laboral (con un 3,9%), señalando el cierre de la planta de Granja Tres Arroyos como una de las crisis industriales más gravosas del sector alimentario del país. (APFDigital)







