Diputados solicitan informe sobre infraestructura carcelaria para menores
(Regional 97.3) En las últimas horas, ingresó a la Cámara de Diputados un pedido de informes de legisladores del bloque peronista, dirigido al Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa busca que se detalle la situación de la infraestructura carcelaria, los centros de guarda y los dispositivos de tratamiento para adolescentes mayores de 14 años en conflicto con la ley penal dentro del ámbito del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
El pedido propone “evaluar la situación actual del sistema provincial y contribuir a un debate responsable frente a los desafíos que plantea esta problemática”. Entre otros puntos, solicita conocer la cantidad actual de adolescentes privados de libertad en la provincia, su edad, situación procesal y lugar de alojamiento.
También se requiere que se precise “si existen en la provincia establecimientos o sectores específicos destinados al alojamiento de personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal, indicando su dependencia administrativa y condiciones de funcionamiento”, así como el número de equipos técnicos interdisciplinarios disponibles.
La nueva Ley Penal Juvenil reabre un debate
El autor del proyecto, el diputado Enrique Cresto, sostuvo que “la nueva Ley Penal Juvenil (Ley 27.801), que disminuye a 14 años la edad de imputabilidad, reabre un debate profundo sobre la capacidad real que tienen las provincias para implementar una reforma de estas características”.
En esa línea, aportó que “la modificación del régimen penal juvenil implica nuevas responsabilidades para los sistemas institucionales provinciales, que deben garantizar lugares adecuados de alojamiento, equipos técnicos especializados y programas de abordaje específicos para adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Crecimiento muy significativo del sistema
En el caso de Entre Ríos, Cresto puntualizó que “la información disponible indica que el sistema penitenciario ha experimentado un crecimiento muy significativo en las últimas décadas. Mientras que alrededor del año 2000 la población carcelaria rondaba las 700 personas privadas de libertad, en la actualidad se aproxima a las 2.800 o 2.900 personas detenidas, lo que implica que en aproximadamente veinticinco años el sistema prácticamente se ha triplicado”.
Asimismo, se señaló que la última ampliación relevante de infraestructura penitenciaria se realizó durante la gestión provincial anterior, particularmente en la Unidad Penal N.º 9 – Granja Penal El Potrero, con obras financiadas por el Gobierno Nacional.
Niveles de ocupación elevados
Cresto señaló que “sin perjuicio de dichas inversiones, distintos informes advierten que varias unidades penitenciarias funcionan actualmente con niveles de ocupación elevados, lo que genera interrogantes sobre la capacidad del sistema para afrontar nuevas demandas”.
El diputado remarcó que “el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal requiere dispositivos específicos y personal especializado conforme lo establecen la legislación vigente y los tratados internacionales en materia de derechos de la niñez”. El pedido también requiere detalles sobre programas educativos, de salud y reinserción social destinados a este grupo.
