Concejales justicialistas alertan sobre el fin de Volver al Trabajo
(Regional 97.3) El bloque Más Para Entre Ríos del Concejo Deliberante de Paraná presentó un proyecto de comunicación manifestando su preocupación por la posible discontinuidad o modificación del programa Volver al Trabajo (VAT) sin garantías de continuidad de ingresos para sus beneficiarios.
La iniciativa, que ya tomó estado parlamentario y fue girada a comisión, expresa el rechazo a cualquier cambio en el VAT que no asegure la continuidad de ingresos para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. En ese marco, se le solicitó al Poder Ejecutivo Nacional la prórroga del programa hasta que se evalúe su impacto social y económico y se garanticen mecanismos que aseguren tanto los ingresos como una inserción laboral efectiva.
Preocupación por la regresividad en derechos
En los fundamentos del proyecto, se advirtió que la medida nacional genera una situación de extrema preocupación ante la falta de definiciones y certezas sobre la reestructuración de los programas. Además, se consideró que la eliminación o reducción de estas políticas configura un riesgo concreto de regresividad en derechos sociales para la provincia.
También se destacó el rol del Salario Social Complementario, sosteniendo que constituye una herramienta de reconocimiento del trabajo existente en condiciones de informalidad, y no un mero mecanismo de asistencia, ya que complementa ingresos de actividades productivas, comunitarias y de cuidado que ya se realizan en los barrios.
Impacto directo en la economía entrerriana
En ese sentido, se subrayó que las políticas de economía popular no sustituyen el empleo formal, sino que reconocen, organizan y fortalecen formas de trabajo ya existentes en el territorio. Por lo tanto, su eliminación implicaría no sólo la pérdida de ingresos, sino el riesgo de desarticular estructuras productivas y comunitarias consolidadas en toda la provincia.
Según se detalla en el proyecto, a nivel nacional más de 1,1 millones de personas percibían estos programas, mientras que en Entre Ríos alcanzaban a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, con un impacto directo en la economía barrial.
En ese marco, se advirtió que la decisión del gobierno Nacional se produce sin garantizar alternativas que aseguren ingresos ni contemplen el crecimiento sostenido del trabajo no registrado. Se agregó que más del 90 por ciento de los ingresos provenientes de estos programas se destinan al consumo básico, especialmente a la compra de alimentos.
Por último, el proyecto sostiene que el contexto actual —marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la precarización laboral— agrava la situación social. Se afirmó que la combinación de pérdida de ingresos, aumento de la informalidad, encarecimiento de los costos básicos y retracción del Estado configura un escenario de alta vulnerabilidad social que requiere respuestas integrales y sostenidas.
