Agmer rechaza el proyecto que habilita la extranjerización de la tierra
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su rechazo y preocupación frente al proyecto denominado “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, impulsado por el gobierno nacional, que el Senado de la Nación tratará este seis de agosto. El gremio advirtió que la iniciativa “vulnera derechos esenciales vinculados con la protección de los bienes naturales comunes, la soberanía nacional, la justicia social y el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano”.
El proyecto, que deroga la Ley de Tierras, generó un fuerte cuestionamiento por parte del sindicato docente entrerriano. En un comunicado, Agmer remarcó que “la tierra no es únicamente un bien económico sujeto a las reglas del mercado” y la definió como “un recurso estratégico indispensable para la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad, la protección de las fuentes de agua, el desarrollo de las comunidades y el ejercicio efectivo de la soberanía”.
La organización gremial sostuvo que la extranjerización de la tierra “compromete la capacidad del Estado para resguardar recursos estratégicos y planificar el desarrollo del territorio en función del interés colectivo”. Asimismo, señaló que cuando se debilitan los mecanismos de regulación sobre la propiedad rural “aumenta el riesgo de concentración de tierras en manos extranjeras”, lo que —afirmó— “limita el acceso a la tierra para productores locales y comunidades, condiciona el uso sustentable del territorio y afecta el interés nacional”.
En ese sentido, el comunicado remarcó que “resulta especialmente preocupante que más de 13 millones de hectáreas rurales se encuentren actualmente bajo titularidad extranjera” y que numerosas provincias del país “hayan superado los límites establecidos por la legislación vigente”. Para Agmer, la eliminación de esos mecanismos de regulación “constituiría un grave retroceso en la defensa de la soberanía nacional”, en tanto reduciría la capacidad estatal para proteger áreas de frontera y territorios que concentran recursos estratégicos, “como el agua, los minerales, la biodiversidad y las principales cuencas productivas”.
El gremio reconoció que la Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad, aunque advirtió que “ello no significa que el territorio pueda concebirse como una mercancía desprovista de función social y de interés nacional”. Por eso, indicó que mantener herramientas de control sobre la propiedad de la tierra “resulta indispensable para promover un desarrollo territorial equilibrado, garantizar que los bienes naturales comunes permanezcan al servicio del pueblo argentino y evitar la entrega de decisiones estratégicas sobre el territorio a intereses extranjeros”.
La entidad también manifestó su inquietud por una eventual reducción de las salvaguardas ambientales en zonas de especial valor ecológico, como los bosques nativos, los humedales y las nacientes de agua, que —según explicó— “cumplen funciones esenciales para la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y la provisión de agua” y constituyen “un patrimonio común cuya protección trasciende los intereses particulares”.
Por último, Agmer se definió como una organización sindical “comprometida con la defensa de la educación pública y los derechos colectivos” y reafirmó “la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a defender de manera irrenunciable la soberanía nacional, garantizar una gestión sustentable del territorio, y asegurar que las decisiones sobre el uso del territorio respondan al interés del pueblo argentino”.
