La UTA no llegó a un acuerdo salarial y crece la chance de un paro
En las últimas horas, la negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte volvió a quedar trabada y mantiene abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en los colectivos, un conflicto que repercute de lleno en el servicio de Entre Ríos. La reunión que las partes mantuvieron terminó sin un acuerdo que permita resolver el reclamo de los choferes, en un escenario atravesado por las diferencias sobre los aumentos salariales, las deudas pendientes y los recursos que reciben las compañías para sostener la prestación del servicio.
El encuentro concluyó con un nuevo cuarto intermedio y sin una solución para la disputa que se arrastra desde hace varias semanas. De acuerdo con la información difundida tras la audiencia, las empresas no acercaron una propuesta que permitiera superar las diferencias con el sindicato, que reclama una recomposición de los ingresos por encima de la inflación y el cumplimiento de las obligaciones salariales. La próxima instancia de negociación quedó prevista para los próximos días, mientras la conducción gremial mantiene el estado de alerta y no descarta profundizar el conflicto si no aparecen respuestas.
La discusión no se limita a un porcentaje de aumento. Detrás de la paritaria se encuentra una disputa por la distribución de los recursos del sistema de transporte, con empresas que argumentan que sus ingresos no alcanzan para cubrir los costos operativos y laborales, trabajadores que denuncian que las ofertas patronales no permiten sostener el poder adquisitivo y un Gobierno nacional que tiene responsabilidad sobre el esquema de financiamiento y las condiciones en las que funciona el servicio.
Una oferta que quedó lejos
Uno de los principales puntos de desacuerdo fue la propuesta que habían presentado las cámaras empresariales en la audiencia anterior. El ofrecimiento contemplaba el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $60.000 durante noviembre y tres incrementos remunerativos acumulativos: 1,7% para noviembre, 1,6% para diciembre y 1,5% para enero de 2027. Los porcentajes se calcularían sobre los salarios básicos y los viáticos vigentes en septiembre.
La UTA rechazó ese esquema por considerar que no alcanza para compensar la evolución de los precios ni para recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores. Además, cuestionó que las empresas pretendan limitar las actualizaciones salariales a los recursos que, según argumentan, les reconoce el Estado para afrontar sus obligaciones.
La diferencia entre los montos ofrecidos y los que el sindicato considera contemplados en la estructura oficial de costos constituye otro de los ejes de la disputa. Según planteó la representación gremial durante las negociaciones, el último cálculo de costos para las líneas de jurisdicción nacional incorporó una partida denominada “Previsión Paritarias Oct 26-Ene 27”, equivalente a $106.000 por trabajador a partir de octubre.
De esta manera, el gremio puso el foco en una diferencia de 46.000 pesos entre esa previsión y la suma extraordinaria ofrecida por las cámaras empresariales, sin contar los incrementos porcentuales posteriores. Para la UTA, el planteo demuestra que existe una brecha entre los recursos reconocidos en los cálculos del sistema y los que finalmente las empresas están dispuestas a trasladar a los salarios.
El conflicto también se explica por la falta de una actualización salarial que permita dar continuidad a los incrementos acordados durante el tercer trimestre. Según la escala vigente para los conductores del AMBA, que sirve de referencia para las liquidaciones en el resto del país, el salario básico conformado quedó establecido en 1.707.175,88 pesos desde septiembre, mientras que los viáticos alcanzaron los 22.000 pesos por jornada trabajada. Sin un nuevo entendimiento, esos valores permanecen como referencia para las liquidaciones de noviembre.
La oferta patronal, por lo tanto, no solamente fue cuestionada por los porcentajes propuestos, sino también porque no contempla, desde la perspectiva sindical, una recomposición suficiente para los meses siguientes. La discusión se produce además en un período en el que los trabajadores deben afrontar los gastos habituales de fin de año, mientras todavía no existe previsibilidad sobre la evolución de sus ingresos para los primeros meses de 2027.
UTA reclama intervención oficial
La discusión paritaria también involucra al Gobierno nacional, que tiene un papel central en la definición de las condiciones económicas en las que funciona el transporte automotor, particularmente en las líneas de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires, pero cuyas decisiones impactan en todo el sistema, incluido el entrerriano.
Días atrás, la conducción nacional de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, había difundido un comunicado en el que cuestionó el comportamiento de las cámaras empresariales durante las negociaciones y reclamó la intervención de las autoridades laborales.
El sindicato denunció que las patronales intentaban imponer condiciones sin contemplar las necesidades de los trabajadores y cuestionó que las ofertas salariales se ubicaran por debajo de la inflación acumulada y proyectada. “Cuando no hay negociación y diálogo, la imposición de un sector sobre el otro se convierte en un mecanismo extorsivo”, sostuvo la organización en ese documento. También solicitó la intervención del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo para que el Estado participara en la búsqueda de una salida al conflicto.
El planteo gremial apunta a una contradicción que atraviesa la discusión: las empresas sostienen que no cuentan con recursos suficientes para mejorar los salarios, mientras los trabajadores denuncian que los montos ofrecidos no se corresponden con los valores contemplados en la estructura de costos del propio sistema. El gobierno de Milei interviene en la determinación de las compensaciones tarifarias y en el esqu







