La reforma de salud mental avanza entre dudas por falta de fondos públicos
El oficialismo busca llevar al recinto del Senado la modificación de la Ley de Salud Mental, mientras persisten objeciones por la ausencia de partidas presupuestarias específicas. La discusión expone un problema central: cómo garantizar equipos profesionales, tratamientos y dispositivos comunitarios si los cambios normativos no están acompañados por recursos para implementarlos, constató AIM.
Según pudo saber AIM, la reforma de la Ley de Salud Mental avanza en el Congreso con una controversia que atraviesa incluso a los bloques que acompañan al oficialismo: el financiamiento de la atención. La iniciativa quedó en condiciones de llegar al recinto del Senado, aunque continúa el reclamo para que las nuevas obligaciones tengan respaldo presupuestario.
La falta de un artículo que establezca recursos específicos motivó disidencias de la Unión Cívica Radical y del Movimiento Misionero. Desde el interbloque Popular también cuestionaron ese punto y advirtieron que, sin partidas presupuestarias, la reforma puede convertirse en “letra muerta”.
El avance parlamentario, relevado por AIM, abre así una discusión que excede la modificación de la ley: qué capacidad tendrá el sistema sanitario para responder a las necesidades de las personas que requieren atención y de sus familias.
Nuevas obligaciones, sin una respuesta presupuestaria
El dictamen incorpora previsiones sobre atención infantojuvenil, abordajes familiares y comunitarios, prevención y seguimiento de internaciones prolongadas. Sin embargo, ampliar las obligaciones legales no garantiza, por sí solo, que existan profesionales y servicios suficientes para cumplirlas.
La implementación de equipos especializados, atención domiciliaria, hospitales de día y casas de convivencia requiere personal, infraestructura y continuidad de recursos. Sin esas condiciones, existe el riesgo de que las garantías reconocidas en el texto no se traduzcan en prestaciones accesibles.
Ese es el principal cuestionamiento presupuestario que enfrenta la propuesta. No se trata únicamente de aprobar nuevas modalidades de intervención, sino de establecer cómo se sostendrán y qué responsabilidades asumirán la Nación y las provincias, supo AIM.
La disponibilidad de profesionales, otro punto del debate
Entre los cambios informados, la reforma contempla la conformación de equipos según los recursos humanos de cada provincia y habilita teleconsultas con psiquiatras.
La posibilidad de recurrir a consultas a distancia puede ampliar las alternativas de atención. Sin embargo, vincular la integración de los equipos a la disponibilidad provincial plantea un interrogante sobre las diferencias territoriales: cómo asegurar prestaciones equivalentes allí donde faltan especialistas.
El riesgo de una implementación desigual debe distinguirse de un efecto ya comprobado de la reforma. El proyecto todavía está en discusión y sus consecuencias dependerán del texto que finalmente se apruebe, de su reglamentación y de los recursos destinados a ejecutarlo.
El control de las internaciones
La propuesta también introduce cambios en la intervención judicial sobre las internaciones y mantiene facultades de los juzgados para solicitar informes, disponer peritajes y revisar las medidas.
En este punto, el debate debe contemplar tanto el acceso oportuno a la atención como las garantías de las personas internadas. La rapidez de una intervención requiere controles efectivos, información adecuada y mecanismos de revisión que protejan los derechos de los pacientes.
El dictamen prevé, además, la intervención de oficio del órgano de revisión ante internaciones de más de 180 días corridos o acumulados por reinternaciones en dos años, junto con un registro de esas situaciones. La efectividad de ese seguimiento también dependerá de la capacidad operativa de los organismos responsables.
El oficialismo busca avanzar en el Senado
La Libertad Avanza reunió acompañamientos del Pro, de Carlos “Camau” Espínola y de otros sectores, aunque algunos respaldos incluyeron disidencias por el financiamiento. Convicción Federal presentó un despacho alternativo de minoría que permitió completar el trámite para que el expediente avance hacia el recinto.
La previsión es que Labor Parlamentaria se reúna el martes 27 de octubre para organizar una sesión el jueves 29. La fecha y el temario deberán quedar formalmente definidos.
Mientras el oficialismo intenta conseguir la aprobación, permanece abierta la cuestión central del debate: con qué recursos se garantizará la atención. La discusión presupuestaria será determinante para evaluar si los cambios pueden ampliar las respuestas del sistema o sumar obligaciones que los servicios no estén en condiciones de cumplir.
