Amplían partidas de Defensa y regulan sanciones a hidrocarburos en Malvinas
Tras el discurso de Javier Milei, el Ejecutivo publicó dos decretos vinculados con la política de Defensa y el Atlántico Sur. Se modificó el Presupuesto 2026, aunque sin precisar el porcentaje adicional destinado al área, y Cancillería quedó facultada para aplicar sanciones por actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
El Gobierno nacional formalizó este viernes una serie de medidas vinculadas con Defensa, Malvinas y la explotación de recursos en la plataforma continental argentina, horas después de la cadena nacional del presidente Javier Milei.
A través del DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026, el Ejecutivo modificó partidas del Presupuesto Nacional y reglamentó el procedimiento para detectar y eventualmente sancionar a empresas relacionadas con actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.
Las decisiones se conocen en medio de la renovada tensión con el Reino Unido por el avance de proyectos petroleros alrededor de las Islas Malvinas y luego de que Milei endureciera su discurso sobre la disputa de soberanía.
Más recursos para Defensa, pero sin precisar el monto
El DNU 867/2026 modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente a 2026 y contempla una ampliación de recursos destinados al Ministerio de Defensa.
Sin embargo, la norma no especifica cuál será el porcentaje adicional que recibirá la cartera ni dimensiona en sus fundamentos el incremento respecto del presupuesto vigente. El Ejecutivo justificó la modificación en la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento de distintas áreas y advirtió que determinados servicios esenciales podrían verse afectados sin una adecuación presupuestaria.
La decisión fue presentada por Milei como parte de una estrategia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y utilizar herramientas diplomáticas, económicas y legales alrededor del reclamo de soberanía.
Cancillería podrá avanzar con sanciones
El Decreto 868/2026, en tanto, designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen o faciliten actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización.
La reglamentación establece que los organismos nacionales tendrán un plazo de cinco días hábiles administrativos para comunicar a Cancillería hechos que puedan constituir una infracción.
A partir de esa información, la cartera podrá iniciar un procedimiento administrativo. Si encuentra indicios suficientes, deberá notificar a la empresa o persona involucrada, que dispondrá de diez días hábiles para realizar su descargo y presentar pruebas. Posteriormente, Cancillería tendrá otros diez días para resolver si archiva las actuaciones o aplica una sanción.
También habrá controles para acceder al Rigi
El nuevo esquema tendrá consecuencias también sobre las empresas que busquen ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi).
Las compañías deberán presentar declaraciones juradas en las que aseguren que tanto ellas como sus participantes directos o indirectos no realizan ni realizarán las actividades prohibidas por la Ley 26.659.
Cancillería podrá intervenir para determinar la existencia de incompatibilidades. Los controles también alcanzarán permisos, concesiones y autorizaciones comprendidos dentro de la Ley de Hidrocarburos.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
Las medidas aparecen en momentos en que vuelve a cobrar relevancia el desarrollo petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvina Norte.
Milei cuestionó particularmente este proyecto durante su cadena nacional y sostuvo que el avance de la explotación de petróleo en la zona afecta recursos naturales que Argentina considera propios.
El escenario volvió a elevar la tensión diplomática con el Reino Unido y agregó un componente económico y estratégico a la histórica disputa por la soberanía de las islas.
En paralelo, Milei anticipó el envío al Congreso de proyectos relacionados con seguridad nacional, entre ellos la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y nuevos regímenes para la protección de infraestructura crítica y del espacio aeroespacial y marítimo. También anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia.
De esta manera, el Gobierno comenzó a traducir en medidas administrativas parte de los anuncios realizados por Milei sobre Malvinas. El alcance concreto del refuerzo presupuestario para Defensa, sin embargo, dependerá de cuánto representen finalmente las partidas adicionales, un dato que no quedó explicitado en el anuncio oficial.
