Proponen una ley nacional para proteger y gestionar el Acuífero Guaraní
Se presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley para establecer un régimen específico de protección, conservación y gestión sustentable del Sistema Acuífero Guaraní (SAG) en el territorio provincial, confirmó AIM.
La iniciativa presentada por la diputada provincial Gladys Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) propone declarar al Acuífero Guaraní, en la porción de aguas subterráneas ubicada dentro de Entre Ríos, “como un recurso hídrico estratégico, de interés público y de dominio público provincial”. El objetivo es “garantizar su protección y conservación y establecer criterios para su uso racional, sin comprometer su disponibilidad, calidad ni capacidad de renovación para las generaciones futuras”.
El proyecto plantea un régimen integral que abarque la investigación, el monitoreo, la planificación, el aprovechamiento racional y la gestión sustentable del recurso. A su vez, establece que la nueva normativa deberá articularse con la legislación provincial vigente en materia de aguas, recursos termales, comités de cuenca y protección ambiental.
La propuesta contempla la aplicación de principios de sustentabilidad, prevención y precaución, además del uso racional y equitativo del agua y una gestión integrada que tenga en cuenta la relación entre las aguas subterráneas, las superficiales, los ecosistemas y los usos del territorio.
También incorpora la participación de municipios, comunas, comités de cuenca, universidades, organismos científicos, organizaciones de la sociedad civil y usuarios del recurso en los procesos de planificación y gestión. La información vinculada con el estado, calidad, disponibilidad y aprovechamiento del acuífero deberá ser de acceso público.
En cuanto a la autoridad de aplicación, el proyecto propone que sea el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA), manteniendo las competencias específicas del Ente Regulador de los Recursos Termales de Entre Ríos (ERRTER) en materia de aguas termales.
Entre las funciones previstas para la autoridad de aplicación se encuentran ejercer el poder de policía sobre las perforaciones y aprovechamientos del acuífero, llevar un registro provincial, otorgar permisos y autorizaciones, establecer criterios técnicos sobre disponibilidad y vulnerabilidad, elaborar un Plan Estratégico Provincial e implementar un sistema de monitoreo.
Por otro lado, establece que toda perforación, obra o actividad destinada a explorar, captar, extraer o aprovechar aguas del Acuífero Guaraní deberá contar previamente con autorización del organismo competente. Los proyectos de aprovechamiento significativo deberán contemplar, cuando corresponda, la evaluación de sus impactos ambientales e hidrológicos, incluidos los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.
Además, la autoridad de aplicación podrá establecer restricciones especiales en determinadas zonas cuando existan razones hidrogeológicas, ambientales, sanitarias, productivas o vinculadas con la seguridad hídrica. Esas medidas podrían incluir límites de caudal, profundidad o distancia entre perforaciones, así como la suspensión de nuevas autorizaciones.
El proyecto también prohíbe las acciones u omisiones que puedan provocar contaminación o deterioro significativo de las aguas del sistema. En particular, plantea prevenir y controlar actividades que puedan generar infiltración de sustancias contaminantes, disposición inadecuada de residuos, pérdidas de hidrocarburos o sustancias químicas y otras prácticas capaces de afectar la calidad del recurso.
Registro, monitoreo y acceso público a la información
Uno de los ejes de la propuesta es la creación de un Sistema Provincial de Monitoreo del Sistema Acuífero Guaraní, destinado a relevar de manera permanente los niveles de agua, su calidad, los volúmenes de extracción, la evolución de las perforaciones, la temperatura y otros parámetros hidrogeológicos. También deberá identificar las áreas de recarga, descarga y especial vulnerabilidad.
A esto se suma un Registro Provincial de Perforaciones y Aprovechamientos, que deberá contener información como la ubicación de cada perforación, su profundidad, caudal autorizado y efectivamente extraído, destino del uso, estudios realizados y resultados de los controles de calidad. La información generada en cumplimiento de la ley deberá estar disponible públicamente y en formatos abiertos a través del sitio web oficial de la autoridad de aplicación.
Asimismo, establece además la elaboración de un Plan Estratégico Provincial del Acuífero Guaraní, que deberá realizarse dentro de los 180 días de reglamentada la ley y actualizarse como mínimo cada cinco años. El plan deberá incluir un diagnóstico del estado del recurso, identificación de áreas vulnerables, criterios de aprovechamiento sustentable, estrategias de prevención de la contaminación, programas de monitoreo, investigación y educación ambiental, además de mecanismos de participación ciudadana.
Fondo específico y régimen de sanciones
El proyecto contempla la creación de un Fondo Provincial para la Protección del Sistema Acuífero Guaraní, destinado a financiar acciones de monitoreo, estudios hidrogeológicos y ambientales, protección de áreas vulnerables, prevención de la contaminación, investigación, educación ambiental y tareas de recomposición y restauración.
También establece un régimen de infracciones y sanciones para quienes realicen perforaciones o aprovechamientos sin autorización, excedan los volúmenes permitidos, falseen información, obstaculicen inspecciones o provoquen contaminación o deterioro del recurso. Las sanciones previstas incluyen apercibimientos, multas, suspensión o revocación de permisos, clausuras y obligaciones de recomposición o restauración.
Cooperación con otras provincias
Por tratarse de un recurso transfronterizo compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la iniciativa plantea fortalecer la cooperación entre Entre Ríos, el Estado nacional y las provincias argentinas que comparten el sistema, entre ellas Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe.
En los fundamentos, Salinas sostiene que Entre Ríos cuenta actualmente con distintas herramientas legales para administrar sus recursos hídricos, pero que estas se encuentran distribuidas entre diferentes normas y organismos y no existe una legislación provincial específica que reúna bajo una política común los objetivos de protección, conservación, monitoreo, investigación y planificación del Acuífero Guaraní.
La autora del proyecto señala que la iniciativa no busca impedir los usos legítimos del agua, sino establecer un marco de sustentabilidad para actividades como el consumo humano, el abastecimiento, la producción agropecuaria, la industria y el aprovechamiento termal. El objetivo, sostiene, es compatibilizar el desarrollo económico y social de la provincia con la preservación de un recurso estratégico para las generaciones futuras.
