El Gobierno queda a dos votos y los gobernadores tienen la llave definitiva
La Libertad Avanza acelera en Diputados el proyecto que llegó recortado desde el Senado. El oficialismo tendría asegurados unos 127 votos, mientras que el rechazo reuniría al menos 121. Con un puñado de legisladores todavía en duda, los bloques provinciales pueden definir la suerte de una de las leyes que el Ejecutivo busca sancionar cuanto antes, supo AIM.
El Gobierno se prepara para una nueva pulseada voto a voto en la Cámara de Diputados. Después de conseguir la media sanción en el Senado tras meses de negociaciones y modificaciones, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llega a la Cámara baja con un escenario abierto y números extremadamente ajustados.
Según pudo saber AIM, La Libertad Avanza y sus aliados tendrían, en principio, alrededor de 127 votos favorables, apenas dos por debajo de los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara. Del otro lado, el rechazo reuniría al menos 121 voluntades, aunque todavía queda un grupo de legisladores que no anticipó su posición.
En ese escenario, los gobernadores y los bloques provinciales vuelven a tener la llave de una votación decisiva para el oficialismo.
La Casa Rosada dejó en claro la importancia que le asigna a la iniciativa. El proyecto obtuvo media sanción en los primeros minutos del viernes 7 de agosto y, apenas un día después, el Gobierno aceleró su envío a Diputados.
La intención es evitar que el paso del tiempo complique todavía más la construcción de una mayoría, especialmente después de lo sucedido en el Senado, donde la intervención de mandatarios provinciales resultó determinante para eliminar capítulos enteros de la propuesta original.
El texto había ingresado al Congreso el 27 de marzo y fue presentado en comisión por el ministro Federico Sturzenegger el 8 de abril. Sin embargo, necesitó cuatro meses de negociaciones y sucesivos intentos hasta conseguir finalmente la aprobación del Senado.
Patricia Bullrich reconoció tras la votación que buena parte de los puntos centrales de la iniciativa original quedaron en el camino.
El Gobierno cuenta hasta 127
La Libertad Avanza parte de una base de 94 votos propios, sin contabilizar al presidente de la Cámara, Martín Menem. A ese número se sumarían alrededor de una docena de diputados del Pro, los seis radicales y la monobloquista Karina Banfi.
El oficialismo también espera contar con los cuatro diputados misioneros de Innovación Federal, teniendo en cuenta que los dos senadores de esa provincia acompañaron el proyecto, aunque las diferencias internas entre los sectores vinculados al gobernador Hugo Passalacqua y al exmandatario Carlos Rovira mantienen abierta alguna incógnita.
También se proyecta el acompañamiento del formoseño Gerardo Gustavo González, los dos representantes sanjuaninos de Producción y Trabajo y los dos diputados del MID.
Con esos respaldos, el Gobierno alcanzaría unos 122 votos.
La búsqueda de los últimos apoyos se concentra entonces en Provincias Unidas. Allí podrían acompañar la presidenta del bloque, Gisela Scaglia; los santafesinos José Núñez y Pablo Farías; el rionegrino Sergio Capozzi y Lourdes Arrieta.
Así, AIM pudo constatar que la cuenta preliminar deja al oficialismo en torno a los 127 votos, a solo dos de los 129 que necesita para alcanzar la mayoría absoluta.
El rechazo también se acerca
La oposición tampoco está lejos de construir una mayoría propia.
Los 93 diputados de Unión por la Patria y los cuatro integrantes de la izquierda votarían en contra. A ellos se sumarían otros legisladores de bloques provinciales y espacios dialoguistas que cuestionan distintos aspectos de la iniciativa.
En Provincias Unidas se espera el rechazo de los cordobeses Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, en línea con la posición que adoptó la senadora Alejandra Vigo.
También se proyectan votos negativos de Martín Lousteau, Mariela Coletta, Pablo Juliano y el socialista Esteban Paulón.
Natalia de la Sota anticipó además su oposición a la agenda impulsada por el Ejecutivo y cuestionó particularmente las modificaciones relacionadas con los desalojos y las competencias provinciales.
También se descuenta el rechazo de Marcela Pagano, actualmente integrante del bloque Coherencia y enfrentada políticamente con La Libertad Avanza.
La Coalición Cívica aparece asimismo más cerca de votar en contra. Maximiliano Ferraro expresó fuertes cuestionamientos al Gobierno, mientras que Mónica Frade señaló que la posición definitiva deberá ser discutida dentro del bloque.
Los tres diputados salteños de Innovación Federal podrían inclinarse también por el rechazo, tomando como referencia la posición adoptada en el Senado por Flavia Royón.
A ellos se sumarían los tres tucumanos de Independencia, los tres catamarqueños de Elijo Catamarca y la neuquina Karina Maureira.
De mantenerse esas posiciones, el rechazo partiría de un piso cercano a los 121 diputados, según el relevamiento realizado por AIM.
Los votos que pueden definir todo
Con los números tan ajustados, supo AIM que las negociaciones estarán concentradas sobre un pequeño grupo de diputados que todavía no definió públicamente su posición.
Entre ellos aparecen los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, además de Miguel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal.
También resta conocer qué harán Claudio Álvarez, de Innovación Federal; Jorge Fernández, de Primero San Luis, y el santacruceño José Luis Garrido, alineado con el gobernador Claudio Vidal.
Son pocos votos, pero pueden resultar determinantes.
El antecedente del Senado funciona además como advertencia para la Casa Rosada. Allí, los gobernadores lograron hacer pesar su influencia y modificar sustancialmente el proyecto antes de permitir su aprobación.
Ahora la disputa se traslada a Diputados. Con 127 votos proyectados a favor y 121 en contra, el Gobierno vuelve a depender de aliados circunstanciales y mandatarios provinciales para convertir en ley una de sus iniciativas prioritarias.
La diferencia es tan estrecha que la discusión ya no pasa solamente por el contenido de la iniciativa: cada ausencia, abstención o cambio de posición puede modificar el resultado. Y si la Casa Rosada no logra asegurar las voluntades necesarias antes de llegar al recinto, el tratamiento podría volver a postergarse.
