Milei sacrifica recursos fiscales en beneficio del capital concentrado: “Después no hay plata”

Después no hay plata: Milei resigna recursos por beneficios al capital concentrado

El presidente libertario Javier Milei justifica los vetos a iniciativas del Congreso para mejorar la calidad de vida de jubilados y trabajadores sosteniendo que desfinancian al Estado y exige un tributo nuevo o recurso que lo compense (aunque si se lo presenta tampoco lo acepta y lo veta). Al mismo tiempo, reduce impuestos a sectores privilegiados sin contraprestación ni reasignación de recursos. Pero mientras la política tributaria del Gobierno se sostiene en la idea de que la reducción de impuestos permitiría impulsar la inversión privada y acelerar el crecimiento, las cuentas públicas reflejan una disminución de recursos que no encuentra compensación en una expansión sostenida de la actividad económica ni del consumo.

🚨 ¡No te quedes afuera! Recibí las alertas de último momento de regional973.com.ar directamente en tu celular. 👉 Unite al WhatsApp de la 97.3

El resultado es un Estado que resigna ingresos por decisiones tributarias orientadas a mejorar la rentabilidad de los sectores más concentrados, al tiempo que la principal fuente de recaudación vinculada al mercado interno, el IVA, continúa debilitándose como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. En Entre Ríos, esta realidad se siente en el bolsillo de chaque entrerriano: mientras el consumo sigue golpeado, los productores agropecuarios ven con atención los cambios en retenciones que definen la rentabilidad del campo.

Según el último informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la presión tributaria efectiva nacional (ligada a la recaudación) caerá al 20,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para los próximos períodos, el nivel más bajo desde 2006 y 1,8 puntos porcentuales por debajo de 2023, el último año previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada. La reducción no responde únicamente a un menor peso de los impuestos sobre la economía, sino a un conjunto de decisiones de política fiscal adoptadas por el Gobierno desde fines de 2023.

El propio IARAF recuerda que el sistema tributario “atravesó una serie de modificaciones relevantes, que incluyeron la eliminación, reducción y modificación de distintos gravámenes”, entre ellos el Impuesto PAIS y los derechos de exportación. El resultado es una estructura tributaria con menos recursos disponibles para financiar al Estado en un contexto en el que el Gobierno mantiene el compromiso de alcanzar el equilibrio fiscal mediante un fuerte ajuste del gasto público. Buena parte de esa menor recaudación no proviene de una baja generalizada de la carga tributaria sobre todos los sectores, sino de beneficios concentrados sobre determinadas actividades, especialmente las vinculadas al comercio exterior.

El informe muestra que, entre 2023 y los próximos años, la presión tributaria efectiva disminuirá 1,8 puntos del PIB, lo que equivale a una reducción cercana al 8 por ciento en términos relativos. Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión cuando se observa qué impuestos explican esa caída. Las mayores pérdidas de recaudación corresponden al IVA, con una reducción de 0,83 puntos porcentuales del PIB, seguida por la desaparición del Impuesto PAIS, que representa otros 0,79 puntos, además de la reducción de Bienes Personales (-0,27 puntos) y de los derechos de exportación (-0,15 puntos).

En sentido contrario, solo dos tributos aumentan su participación: el impuesto a los combustibles y los aportes y contribuciones a la seguridad social, que compensan apenas una parte de la pérdida de ingresos. La fotografía deja en evidencia dos fenómenos que avanzan en paralelo. Por un lado, el Gobierno decidió reducir de manera significativa la presión tributaria sobre sectores exportadores y patrimoniales. Por otro, la caída del consumo continúa deteriorando la principal fuente de ingresos asociada al mercado interno.

El IVA constituye el impuesto de mayor peso dentro del sistema tributario argentino y también uno de los más regresivos, porque grava el consumo independientemente del nivel de ingresos de quien compra. En términos prácticos, un trabajador que adquiere alimentos básicos paga la misma alícuota que una persona de altos ingresos cuando consume el mismo producto. Por esa razón, la evolución del IVA suele ser uno de los mejores indicadores para medir el comportamiento del consumo masivo.

En el informe del IARAF aparece un dato contundente: la participación del IVA en el Producto Interno Bruto pasará de 7,57 por ciento en 2023 a 6,74 por ciento en los próximos años. Incluso respecto de 2025 también continuará retrocediendo, desde 7,17 por ciento hasta 6,74 por ciento del PIB. La disminución no responde a una rebaja de la alícuota. El IVA continúa siendo prácticamente el mismo impuesto. Lo que cayó es la cantidad de operaciones alcanzadas por ese tributo, reflejo directo de un mercado interno que todavía no logra recuperar los niveles previos al ajuste.

Durante los últimos meses distintos informes oficiales y privados mostraron que el consumo continúa sin consolidar una recuperación. Las ventas en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía siguen exhibiendo comportamientos heterogéneos y el poder adquisitivo de amplios sectores permanece condicionado por salarios que crecieron por debajo del costo de vida durante buena parte del proceso de ajuste. Mientras los impuestos ligados al consumo pierden participación, el Gobierno sostiene una estrategia de reducción de gravámenes sobre actividades exportadoras con el argumento de mejorar la competitividad y estimular inversiones. En una provincia como Entre Ríos, donde la producción agroindustrial es clave, esta pulseada entre retenciones y consumo golpea tanto al campo como al mostrador.

El comercio exterior no ayuda a todos

Entre 2023 y los próximos años, la presión tributaria asociada a este conjunto de tributos pasará de 2,29 por ciento del PIB a apenas 1,34 por ciento, una reducción equivalente a 0,94 puntos porcentuales. Más de la mitad de toda la caída de la presión tributaria nacional responde justamente a esa decisión. El IARAF calcula que “los impuestos vinculados al comercio exterior explican el 52 por ciento de toda la reducción neta de la presión tributaria entre 2023 y los próximos períodos”.

El fenómeno aparece todavía más marcado cuando la comparación se realiza con 2022, un año sin la fuerte sequía que afectó las exportaciones durante 2023. En ese caso, la presión tributaria sobre el comercio exterior cae desde 3,19 por ciento hasta 1,34 por ciento del PIB, una reducción de 1,85 puntos porcentuales. El dato más significativo es que cerca del “70 por ciento de esa disminución corresponde a la baja en los derechos de exportación”, es decir, a la reducción de retenciones aplicada por el Gobierno sobre distintos complejos exportadores.

Desde la perspectiva oficial, estas modificaciones buscan mejorar la competitividad externa, incentivar inversiones y aumentar la producción exportable. Sin embargo, la contracara es una menor disponibilidad de recursos fiscales en un momento donde el propio Gobierno sostiene un severo ajuste sobre jubilaciones, salarios públicos, obra pública, universidades, ciencia, salud y programas sociales con el argumento de sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

La menor recaudación por IVA no responde entonces a un alivio fiscal para las familias sino a una consecuencia directa de la pérdida de capacidad de compra. En paralelo, el impuesto a los combustibles aparece como uno de los pocos tributos que incrementa significativamente su participación dentro del sistema. Según el IARAF, pasará de representar 0,27 por ciento del PIB en 2023 a 0,64 por ciento en los próximos años, el mayor incremento relativo entre todos los impuestos nacionales.

Ese aumento está asociado a la decisión oficial de actualizar progresivamente los impuestos específicos sobre los combustibles líquidos que durante años permanecieron parcialmente congelados. Así, mientras disminuye la carga tributaria sobre exportaciones y desaparecen impuestos aplicados a operaciones cambiarias, aumentan gravámenes que impactan sobre costos logísticos, transporte y precios de bienes y servicios. En las rutas entrerrianas y en los fletes que mueven la producción regional, ese aumento no pasa desapercibido.

Esto te puede interesar