Respuestas y juicio por contratos truchos este miércoles
(Regional 97.3) En las últimas horas se conocerá la postura de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, acerca de los planteos defensivos que cuestionaron importantes puntos de la tesis de Fiscalía y la evidencia, así como la forma de incorporarla al expediente con el que se sustanciará el debate. De esta manera, la causa que investiga desde 2018 un millonario desfalco a las arcas del Estado entra en etapa de definiciones.
La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) notificó a las partes la continuidad de la audiencia de remisión a juicio que se realiza ante la jueza de Garantías N° 1, Marina Barbagelata, de la causa que investiga el presunto desfalco a las arcas del Estado por más de 50.000.000 de dólares mediante la celebración de contratos de locación de obra en las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia, durante la década comprendida entre 2008 y 2018 en la Cámara Alta, y en el período 2011-2018 en la Baja. La diferencia se debe a que falta documental contable del período 2007-2011 en Diputados. La audiencia se desarrollará en el salón de audiencias N° 1.
Desde OGA también se notificó que, en virtud del pedido de levantamiento de restricciones patrimoniales deducido por Hugo González Elías, se fijó audiencia para su tratamiento ante la misma magistrada, también en el salón de audiencias N° 1.
La causa que puso en jaque al sistema político provincial y en especial al peronismo entra en etapa de definiciones. La importancia de la audiencia radica en que se conocerá qué posición adoptará la magistrada respecto de los numerosos, complejos y sólidos planteos de las defensas de los 18 imputados que quedan sometidos a proceso –si es que no se presentan nuevos pedidos de salidas alternativas al juicio oral y público– de los 32 que comenzaron a ser investigados en octubre de 2018.
El contexto en el que se realiza la audiencia está impregnado del anuncio de la apertura de la denominada Causa Contratos II, que apunta la investigación a las autoridades de ambas Cámaras en los períodos correspondientes a cada una. Si bien la jueza rechazó el pedido de las defensas de unificar ambos legajos y realizar un único debate, el tema parece no haber quedado ocluido a juzgar por la insistencia de las defensas.
La reducción de 32 sospechosos a 18 imputados se explica porque 12 accedieron a la Suspensión del juicio a prueba o Probation. Uno, Esteban Scialocomo, acordó una condena condicional mediante un juicio abreviado, el pago de una multa de 90.000 pesos y una reparación del daño valuada en 6.000.000 de pesos. Otro, el contador Gustavo Falco, fue sobreseído.
Los 18
Los 18 imputados que permanecen en la causa e irían a debate por distintos roles, de acuerdo al papel que les atribuye Fiscalía dentro de la presunta organización, son Flavia Marcela Beckman y su pareja, Hugo Mena; Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera –que ya tiene una condena en la causa en que se condenó al ex gobernador Sergio Urribarri y al ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, por cinco hechos de corrupción–, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
Fiscalía sostiene su hipótesis en que existió una estructura con varios niveles: funcionarios de la Legislatura, que habrían autorizado y administrado los contratos; contadores y estudios contables –se destaca el estudio Asesoría Integral– que habrían organizado la documentación y el movimiento del dinero; auditores del Tribunal de Cuentas, a quienes se les atribuye no haber detectado o haber permitido la continuidad de las irregularidades por amistad o cercanía con empleados de la Legislatura que les cedían las muestras de contratos a auditar; y operadores externos, que habrían conseguido prestanombres, gestionado endosos de cheques y distribuido fondos.
Las defensas han planteado numerosas objeciones desde los primeros momentos de la investigación hasta las últimas audiencias antes del cuarto intermedio, ocasiones en las que fundamentaron por qué se deberían unificar ambos legajos y dirimir todas las responsabilidades –de los empleados de la legislatura y los particulares, así como también la de las autoridades de ambas Cámaras– en un solo debate. En este punto destacaron que, en caso de una sentencia condenatoria, se podría incurrir en el escándalo jurídico de condenar a “perejiles” con duras penas de cumplimiento efectivo por delitos dolosos, mientras que los responsables políticos responderían por delitos culposos o negligentes, que conllevan penas de ejecución condicional. (APFDigital)
