Cargill cerró su planta en Arribeños y dejó 30 trabajadores en la calle
En las últimas horas, una localidad del interior entrerriano, en el departamento de Gualeguaychú, atraviesa una crisis social y económica sin precedentes tras la decisión de la multinacional agroexportadora Cargill de suspender por completo las operaciones en su planta de acopio. Lo que comenzó con un reclamo sectorial de los transportistas derivó en el cierre de una instalación con más de 25 años de trayectoria, dejando a 30 familias en la calle y afectando a toda la cadena productiva de la región.
El eje de la disputa se centró en la denuncia por parte de los fleteros contra un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a quien acusaron de operar como un nexo forzoso para la realización de los traslados sin brindar un servicio logístico real.
En declaraciones recogidas por medios locales, Cristian Cardoso, vocero de los afectados, sostuvo: “Este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo”.
Comisiones irregulares
La denuncia más grave apunta a la exigencia de un esquema de comisiones irregulares: los choferes sostienen que se les imponía el pago de un 3% “en negro” sobre el valor de cada carga para poder trabajar. Ante la negativa de los transportistas de convalidar estas condiciones informales, la respuesta de la empresa y del esquema de intermediación fue la interrupción total de las asignaciones de flete. Por su parte, desde la cúpula de CATAC, su presidente Ramón Jatip negó de manera contundente las acusaciones y afirmó que los transportistas “se fueron voluntariamente” y que “no había un transporte en el medio que cobrara o pagara”.
Por su parte, la empresa se limitó a argumentar que la asignación de cargas responde a “criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación”. Esta postura es avalada por la inacción de las autoridades: el Municipio de Gualeguaychú ya calificó el hecho como “un problema de índole privado” y de “no competencia municipal”.
El cierre de la planta no solo castiga a los camioneros, sino que arrastra a mecánicos, comercios y proveedores de insumos del distrito. Mientras la multinacional ampara su silencio en la libertad de mercado, los trabajadores insisten en una mesa de diálogo “orgánica, pacífica y transparente” que hoy parece lejana ante la ausencia de un marco institucional que obligue a las partes a negociar de buena fe.
