El Senado debate reforma que flexibiliza compra de tierras a extranjeros
(Regional 97.3) Te contamos que el Senado se prepara para tratar en las próximas horas uno de los capítulos más controvertidos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei: la modificación del régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La discusión, que sigue de cerca la situación de los productores entrerrianos, promete un intenso debate en la Cámara alta.
Menos restricciones para inversores extranjeros
La iniciativa, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, propone flexibilizar buena parte de las restricciones vigentes de la Ley 26.737, sancionada en 2011 con el objetivo de limitar la concentración de tierras en manos extranjeras y proteger recursos considerados estratégicos.
Aunque mantiene la prohibición para que Estados extranjeros sean propietarios de tierras rurales en Argentina, el proyecto elimina varias limitaciones para personas físicas y jurídicas extranjeras, con el argumento de facilitar inversiones y reducir trabas burocráticas.
Uno de los cambios centrales es la simplificación de los procedimientos administrativos para autorizar operaciones de compra de tierras rurales. La reforma incorpora el denominado “silencio administrativo positivo”: si la autoridad competente no responde dentro del plazo previsto, la autorización se considerará otorgada automáticamente. Para el Gobierno, esto permitirá acelerar inversiones y brindar mayor previsibilidad a quienes buscan desarrollar proyectos productivos en el país.
Un cambio de rumbo respecto de la ley vigente
La Ley de Tierras Rurales fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de establecer límites a la extranjerización de la tierra. La norma fijó topes a la cantidad de superficie que podía quedar en manos extranjeras, creó controles específicos para determinadas zonas y estableció restricciones sobre inmuebles ubicados en áreas consideradas sensibles por su valor estratégico o por la presencia de recursos naturales.
Con la reforma impulsada por el oficialismo, varias de esas restricciones quedarían eliminadas o flexibilizadas, aunque continuará vigente la prohibición para que gobiernos extranjeros adquieran tierras rurales.
El argumento oficial
Desde el Gobierno sostienen que el régimen actual desalienta inversiones, incrementa costos administrativos y genera demoras innecesarias para emprendimientos vinculados con la producción agropecuaria, la forestación, la energía y otros sectores. Según esa visión, reducir los controles permitirá atraer capitales, impulsar el desarrollo económico y dinamizar el mercado inmobiliario rural.
Las críticas de la oposición
La propuesta ya despertó cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones vinculadas a la defensa del territorio. En Entre Ríos, legisladores y referentes del campo siguen con atención el debate. Los críticos advierten que una mayor flexibilización podría favorecer un proceso de concentración de tierras en manos extranjeras y comprometer el control nacional sobre recursos estratégicos como el agua, los bosques, los minerales y áreas fronterizas. También plantean que el proyecto debilita las herramientas de supervisión estatal sobre un mercado considerado sensible desde el punto de vista económico, ambiental y geopolítico.
Uno de los puntos más discutidos
La modificación de la Ley de Tierras Rurales será uno de los aspectos que concentrará el debate durante la sesión prevista para estos días. El oficialismo buscará reunir los votos necesarios para aprobar una reforma que considera clave para mejorar el clima de inversiones, mientras que la oposición intentará frenar una iniciativa que, según sostiene, reduce controles sobre uno de los recursos estratégicos más importantes del país: la tierra.
La discusión se dará en el marco del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que también modifica el régimen de expropiaciones, acelera los procesos de desalojo, reforma la Ley de Manejo del Fuego y moderniza los registros inmobiliarios. En la provincia, productores y entidades rurales ya comenzaron a analizar el impacto que podría tener esta reforma en el mercado de tierras entrerriano.
