La lucha es por la independencia del Poder Judicial y no por salarios
(Regional 97.3) En las últimas horas, una columna de opinión firmada por el abogado Ladislao Uzín Olleros —quien representa a cerca de ochenta reclamantes— puso sobre el tapete el debate en torno a la denominada Ley de Enganche Judicial en Entre Ríos. El letrado cuestionó la forma en que se ha presentado públicamente el reclamo, al que consideró reducido a nombres propios y despojado de su verdadero trasfondo: la independencia del Poder Judicial frente al poder político.
Un reclamo que no es individual
Uzín Olleros advirtió que presentar la cuestión como si se tratara de pretensiones aisladas de un ex vocal del Superior Tribunal de Justicia —el doctor Bernardo Salduna— o de los magistrados en actividad Marina Barbagelata y Santiago Morande, omite un dato central: la suspensión y posterior falta de recomposición del régimen de enganche alcanzó a todos los estamentos del Poder Judicial, desde empleados hasta magistrados, activos y pasivos. “No se trata de un reclamo salarial: se trata de la independencia del Poder Judicial”, afirmó.
Una garantía de la ciudadanía, no un privilegio
El abogado subrayó que la garantía de intangibilidad de las remuneraciones judiciales no es un beneficio personal ni un privilegio. “Fue pensada para impedir que quienes deben decidir contra el poder político puedan ser condicionados mediante reducciones o amenazas económicas. Si cada vez que el Poder Judicial dicta una sentencia que no agrada al gobierno de turno queda flotando la posibilidad de una ley de emergencia que deteriore sus salarios, el problema ya no es salarial: es republicano, democrático, es la independencia judicial”, sostuvo.
Emergencia no puede ser cheque en blanco
Uzín Olleros recordó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo analizó la validez constitucional de la Ley de Emergencia en un contexto excepcional, pero advirtió que admitir que esa emergencia proyecte efectos permanentes convertiría una medida transitoria en una herramienta de subordinación institucional. “La emergencia no puede convertirse en una zona liberada de la Constitución, ni mucho menos en un mecanismo para disciplinar al Poder Judicial. Son de interpretación restrictiva, temporal y controlable. No son cheques en blanco”, remarcó.
El contexto de la reforma previsional
El letrado también vinculó este debate con la reforma previsional provincial que se discute actualmente, señalando que la pretensión de considerar como mal desempeño decisiones judiciales contrarias a criterios administrativos o legales que se intenten imponer, suma presión sobre los magistrados. “Si un juez puede ser amenazado disciplinariamente por el contenido de su sentencia y además afectado económicamente por leyes de emergencia, ya no estamos ante una discusión técnica: es una afectación directa a la independencia judicial”, completó.
Preguntas que interpelan a la ciudadanía
Uzín Olleros lanzó una serie de interrogantes directos: “¿Quién va a defender al ciudadano común cuando el Poder Ejecutivo vulnere sus derechos? ¿Quién va a proteger al trabajador, al jubilado, al comerciante, al periodista, al contribuyente? ¿Quién va a ordenar entregar información pública si el gobierno la niega? ¿Quién va a proteger la libertad de prensa si un medio resulta incómodo? ¿Quién pondrá límites al poder si el juez que debe hacerlo trabaja bajo la amenaza de ser acusado, disciplinado o castigado económicamente?”.
En esa línea, recordó que el reclamo nunca discutió la constitucionalidad de la emergencia sanitaria por la pandemia —aceptada unánimemente por todos los poderes— sino la restitución de la política salarial una vez superados los 180 días previstos. “Durante más de tres años se desplegaron numerosos reclamos sin que hubiera una sola señal de diálogo por parte del Ejecutivo. No quedó otra alternativa que judicializar el conflicto. Hoy la demanda está radicada ante el silencio del gobierno”, detalló.
Lo que está en juego
El abogado cerró con una advertencia: “El verdadero debate no es si un ex vocal o jueces reclaman una suma de dinero. El verdadero debate es si vamos a naturalizar que, bajo el ropaje de la emergencia, se afecten garantías institucionales básicas. Lo que está en juego es si Entre Ríos seguirá teniendo un Poder Judicial con condiciones reales para controlar al poder político, o si aceptaremos que lo que quiere el poder de turno es incuestionable, aun cuando choque con la Constitución”.
Uzín Olleros representa a un universo de alrededor de ochenta reclamantes, pero señaló que son más de trescientos los que se encuentran en idéntica situación: el silencio ante reclamos de igual naturaleza. La nota está firmada por el abogado Ladislao Uzín Olleros.
