La Defensoría del Pueblo fija posición oficial sobre reforma previsional
(Regional 97.3) La Defensoría del Pueblo de Paraná, junto con la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores, presentó observaciones a la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. En el documento advierten que una modificación que solo resuelva los números a costa de los derechos ciudadanos “no es una reforma, es un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables”. Las personas mayores y las mujeres trabajadoras aparecen como los sectores más afectados, según el análisis institucional.
En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo de Paraná —junto a la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores que funciona en su ámbito— elevó una presentación a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, donde se analiza la iniciativa oficial.
El documento, firmado por el Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, y la Defensora de los Derechos de las Personas Mayores, Marcia López, incluye análisis jurídico-constitucional, observaciones puntuales y fija la posición institucional frente al proyecto de ley “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional de Entre Ríos”, que actualmente se encuentra en estudio legislativo.
Los defensores aclararon que no “desconocen la situación deficitaria de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos ni la necesidad de adoptar medidas tendientes a su sostenibilidad”. Sin embargo, remarcaron que las disposiciones propuestas, en su formulación actual, “no superan el estándar de convencionalidad exigible por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional vigentes en la República Argentina, y que existen aspectos del proyecto que requieren ser revisados o complementados para garantizar la compatibilidad con ese bloque normativo”.
Impacto de género y sectores vulnerables
La intervención de la institución se fundamenta en “su mandato constitucional y legal de defender los derechos humanos, con especial atención a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad”. En ese marco, identifican a las personas mayores y a las mujeres trabajadoras como las más perjudicadas por los cambios propuestos. Sobre este último punto, advierten que la reforma tendrá un “impacto de género” por efecto de la “discriminación indirecta”, ya que el 66% de los aportes a la Caja corresponden a mujeres.
Se trata de entrerrianas y entrerrianos que, de aprobarse el proyecto tal como está, deberán afrontar consecuencias desfavorables. Para ponerlo en números, en la capital provincial hay aproximadamente 17.000 beneficiarios y 30.000 aportantes activos —futuros pasivos— más sus grupos familiares, que verían afectados sus derechos. “No son estadísticas; son vecinas y vecinos de Paraná”, consigna el documento.
Y remarca: “La sostenibilidad financiera y la dignidad de los trabajadores no son objetivos opuestos. Son, o deben ser, las dos caras de una misma política pública responsable. Una reforma que solo resuelve los números a costa de los derechos no es una reforma, es un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables”.
En la presentación se incluye el marco normativo y jurisprudencial que actúa como parámetro de constitucionalidad y convencionalidad, y se propone la revisión de varios puntos del proyecto actual: la edad jubilatoria, la determinación del haber inicial, la declaración de emergencia previsional, los aportes solidarios a jubilados en actividad, entre otros.
Los defensores quedaron a disposición para exponer la posición institucional y ampliar los conceptos vertidos en el ámbito legislativo. Asimismo, se manifestaron confiados en que “las Comisiones, en el ejercicio de su función de control constitucional, incorporarán las observaciones formuladas de manera tal de producir una reforma que sea a la vez financieramente sostenible y convencionalmente compatible con los compromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de derechos humanos”.
