Chaco perdió casi 12% empleo formal privado en dos años y se precariza
El mercado laboral de la provincia de Entre Ríos evidencia el panorama crítico que viven los argentinos. Un reciente informe elaborado por el Departamento de Estadísticas e Informes Económicos de la Federación Económica de Entre Ríos (FEER), basado en los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), revela que desde fines del año pasado la provincia acumula una caída del 11,7% en el empleo privado registrado.
La recesión económica y el freno total de la obra pública dejaron de ser frías variables macroeconómicas para convertirse en un golpe directo al corazón de las economías regionales. Las consecuencias del modelo del gobierno de Javier Milei y el apoyo a las medidas por parte del gobernador Rogelio Frigerio determinan el derrumbe del empleo formal privado. Esta realidad transversal afecta de manera crítica al entramado productivo de las provincias, dejando al descubierto la fragilidad del consumo y de la inversión en el interior del país.
De acuerdo con el informe, la tasa de desempleo pasó del 5,6% registrado a fines del año pasado al 8,2% hacia finales del último año. Durante ese período incluso se registraron picos superiores al 10%, lo que evidencia la dificultad para generar nuevas oportunidades laborales en el sector privado.
Mientras el empleo privado asalariado continúa en retroceso, las únicas categorías que muestran crecimiento son las de trabajadores independientes, como monotributistas y autónomos. Desde la FEER advirtieron que este fenómeno no debe leerse bajo una óptica optimista. La entidad empresaria sostiene que el dato refleja una estrategia de supervivencia: la sustitución de empleos estables por formas laborales mucho más inestables y actividades con menores niveles de protección social.
“El mercado laboral no está mostrando una recuperación genuina del empleo asalariado privado”, sostuvieron desde la FEER. Según el documento, buena parte de quienes pierden un empleo formal terminan recurriendo a changas, trabajos temporarios o actividades independientes con menor protección social y menores ingresos.
La situación también impacta sobre los salarios. El estudio indica que el ingreso promedio de los trabajadores privados registrados en Entre Ríos ronda actualmente los 1,3 millones de pesos mensuales, una cifra considerablemente inferior al promedio nacional, que supera los 2 millones de pesos.
Frente a la desidia de Frigerio, el peronismo entrerriano busca declarar la emergencia industrial
Sin respuestas del gobernador Frigerio, un grupo de diputados del Justicialismo entrerriano tomó la posta al presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia industrial, productiva, tarifaria y laboral en la provincia, con el objetivo de asistir a las pequeñas y medianas empresas que atraviesan dificultades por la caída de la actividad económica.
La iniciativa, impulsada por el legislador opositor y acompañada por otros integrantes de la oposición, propone una batería de medidas destinadas a sostener la actividad de las industrias entrerrianas, preservar puestos de trabajo y aliviar la carga financiera y tributaria del sector. Según el texto, la emergencia tendría una vigencia inicial de 365 días, con posibilidad de ser prorrogada por única vez por el Poder Ejecutivo provincial.
En los fundamentos, los legisladores provinciales sostienen que las industrias entrerrianas enfrentan un escenario crítico producto del incremento de tarifas, la retracción del consumo, el acceso limitado al financiamiento y el avance de políticas nacionales que, a su entender, favorecen la competencia de productos importados.
La iniciativa también recoge ciertos planteos formulados por representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, quienes advirtieron sobre embargos de cuentas bancarias, dificultades para afrontar obligaciones fiscales y el riesgo de cierre de empresas.
El presidente de la entidad había elevado la voz por el agravamiento que atraviesa el sector. “Si no nos juntamos, nos caemos todos”, señaló. En ese sentido, cuestionó que las políticas nacionales de la administración de Milei se concentren en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), advirtiendo que las provincias como la nuestra quedan excluidas de ese
