CAME rechazó la reforma tributaria que pide el FMI y tacha de regresiva
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su rechazo a la reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la que definió como “regresiva”, y planteó la necesidad de avanzar hacia un “nuevo consenso fiscal” entre Nación, provincias y municipios. En Entre Ríos, la postura de la entidad encuentra eco entre comerciantes y productores locales, que ya vienen sintiendo el impacto de la presión impositiva sobre el consumo y la producción.
Al evaluar los cambios tributarios reclamados al gobierno de Javier Milei por el organismo internacional —entre ellos la ampliación de la base del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, la aplicación del IVA sobre bienes actualmente exentos y la suba de las categorías del Monotributo—, la entidad empresaria advirtió que “recae principalmente sobre los asalariados y el consumo doméstico”.
En el mismo sentido, sostuvo que “son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina”.
Según CAME, además, el diagnóstico del FMI deja de lado la carga tributaria subnacional, al advertir que “es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”. En la región entrerriana, este punto es especialmente sensible, ya que muchas pymes sufren la acumulación de retenciones y percepciones que terminan afectando su capital de trabajo.
Al respecto, la CAME señaló que el IIBB opera como un “impuesto en cascada”, ya que se va acumulando en cada instancia de la cadena productiva. También advirtió por la acumulación de “saldos a favor” derivados de sistemas de retención y percepción que exceden el monto que el contribuyente debe abonar efectivamente.
Desde CAME indicaron, en esa línea, que “la compensación es insuficiente porque los saldos nuevos que genera el régimen superan mes a mes lo que el contribuyente puede absorber en su liquidación mensual”.
Por ese motivo, denunciaron que “el Estado captura un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo de las empresas, sin que ello figure en ningún indicador de presión tributaria oficial”.
Ante este panorama, CAME reclamó que el Gobierno nacional, las provincias y los municipios convoquen con urgencia a un Nuevo Consenso Fiscal. La iniciativa apunta a una reforma de fondo centrada en la carga impositiva subnacional, a la que la entidad identifica como el principal freno para la producción y el empleo. En Entre Ríos, la propuesta cobra relevancia ante la diversidad de alícuotas y regímenes locales que complejizan el día a día de los contribuyentes.
En ese contexto, planteó que el propósito de la propuesta “no debe ser la reducción nominal de alícuotas, que puede revertirse por decreto, sino el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional”.
Los puntos principales de la reforma tributaria propuesta por CAME
- Racionalización de Ingresos Brutos: eliminar el IIBB en las etapas intermedias de producción y aplicarlo únicamente en la venta final al consumidor, emulando el modelo del IVA.
- Alícuotas de retención/percepción: fijar alícuota máxima de retención en base a la tasa efectiva por actividad (no superar el 1%).
- Saldos a favor: indexación automática por CER desde el día 31 de generado el saldo.
- Armonización de reglas: establecer criterios permanentes para la base imponible y los mecanismos de devolución en todo el país.
- Plazo de devolución: máximo 90 días corridos con interés resarcitorio automático.
- Fortalecimiento del control: que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral actúe como organismo fiscalizador para asegurar el cumplimiento de los plazos de devolución y la validez de los coeficientes de distribución.
- Transparencia estadística: publicación trimestral obligatoria de stock de saldos acumulados.
- Control de tasas municipales: poner fin a la proliferación de tasas “opacas” exigidas por más de 2.300 municipios que no tienen un correlato verificable en servicios prestados.
