El FMI lanzó una dura advertencia al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia
(Regional 97.3) El Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de 1.050 millones de dólares para la Argentina, pero en esta ocasión no se guardó las críticas: apuntó fuerte contra la gestión de Javier Milei en materia de anticorrupción y la falta de control sobre las declaraciones juradas de los funcionarios. Es la primera vez que el organismo se expresa con tanta dureza desde que el país retomó el endeudamiento con él.
Estos cuestionamientos están incluidos en la segunda revisión del artículo IV, que le aprobó el desembolso al país a pesar de que el Gobierno incumplió nuevamente con la meta de reservas del Banco Central. La entidad que preside Kristalina Georgieva enumeró dentro de los “desafíos pendientes” a la lucha contra la corrupción, destacando que Argentina sacó una puntuación de solo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, según Transparencia Internacional, y apuntando además que “la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos”.
Los términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los “recientes progresos” contra la corrupción y aseveró que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual”. El reporte técnico, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, añadió que “las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación”, remarcando a su vez que “la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial”.
Este tono elevado que exhibió el Fondo no fue presentado durante gestiones previas del Palacio de Hacienda ni cuando el Poder Ejecutivo lo lideraba Mauricio Macri, ya que en un informe anterior el Fondo destacó “fuertes esfuerzos que se están llevando para mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia”. El FMI adoptó un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país, incluyendo de forma concreta las declaraciones juradas patrimoniales, la independencia judicial y el índice de percepción de corrupción en el documento actual.
Plazos y declaraciones juradas bajo la lupa
A nivel político, el plazo para entregar las declaraciones juradas, que estaba por vencer, fue prorrogado por el Ejecutivo otorgando dos meses más para completar los formularios ante la Oficina Anticorrupción. En ese escenario se encuentra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aún no ha presentado su balance patrimonial en medio del escándalo por los nuevos inmuebles que se le descubrieron y que no figuran en sus documentos anteriores, según consignó Noticias Argentinas.
Por otra parte, en la revisión, el FMI señaló que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo”. Asimismo, el organismo detalló que “se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias” con el objetivo de “garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados”, coincidiendo con los datos oficiales del Banco Central que mostraron una disparada en la morosidad de los hogares, la cual llegó al 11,5% y obtuvo un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo período anterior.
En Entre Ríos, estas observaciones del FMI generan expectativas, ya que la transparencia en la gestión pública es un tema sensible para la ciudadanía. La falta de control sobre las declaraciones juradas y la lentitud en causas de alto perfil son cuestiones que también preocupan a nivel provincial, donde se sigue de cerca el impacto de estas exigencias en las cuentas nacionales y su repercusión en la economía local.
