La deuda entrerriana explicada con semáforos y palabras claras
(Regional 97.3) En las últimas horas, ingresó a la Legislatura Provincial un proyecto de ley que busca crear el “Informe Ciudadano de Deuda Pública de la Provincia de Entre Ríos”. La iniciativa, que obligaría a la Contaduría General a publicar datos actualizados de manera didáctica, apunta a que cualquier entrerriano pueda comprender cuánto debe la Provincia y en qué se gastó ese dinero.
Con el objetivo de derribar las barreras técnicas que suelen rodear a las finanzas estatales, la propuesta lleva la firma de la diputada Andrea Zoff (PJ) y cuenta con el respaldo de los legisladores Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Mariel Avila, Silvina Deccó, Silvia Moreno y Yari Seyler. El fin es “garantizar el acceso claro, permanente y comprensible de la ciudadanía a la información vinculada con la deuda pública provincial”, priorizando un “lenguaje coloquial, evitando tecnicismos innecesarios”.
Un “semáforo” para las finanzas
Una de las novedades más llamativas de la propuesta es la implementación de indicadores visuales intuitivos. La iniciativa estipula la creación de un “Indicador Ciudadano de Sostenibilidad”, el cual deberá presentarse mediante un “sistema visual tipo ‘semáforo’, que permita identificar de manera sencilla distintos niveles de sostenibilidad del endeudamiento público”. Además, la Contaduría General deberá calcular e informar la “deuda pública por habitante”, permitiendo que cada ciudadano visualice el impacto del stock de deuda en relación con la población total y su evolución histórica.
Control sobre las obras
El texto legislativo no solo apunta a los números fríos, sino también al destino de los fondos y exige la creación de un “Tablero ciudadano de inversiones”, que funcionará como un mapa interactivo para que los vecinos verifiquen qué obras o programas específicos se están pagando con crédito. El informe deberá detallar: “El destino específico de los fondos obtenidos mediante endeudamiento, indicando los programas, obras o políticas públicas financiadas” y el “estado de ejecución de las inversiones realizadas con dichos recursos”, reza el articulado.
Reconstrucción histórica
El proyecto también mira hacia el pasado, ya que obliga a la Contaduría General a realizar una “reconstrucción histórica de la deuda pública”, que deberá remontarse, como mínimo, hasta el año 1991. Esta base de datos deberá actualizarse de forma trimestral y estar disponible en un portal digital de acceso libre.
En los fundamentos de la norma, Zoff argumenta que, aunque existe información contable, esta suele ser compleja y especializada. “La disponibilidad de información clara y accesible contribuye a fortalecer tanto el control institucional como el control ciudadano sobre las decisiones financieras del Estado”, sostiene la autora, enfatizando que la transparencia debe dejar de ser una opción de gestión para transformarse en un “derecho ciudadano inalienable”. (APFDigital)
