Milei impulsa la balcanización de los glaciares para Estados Unidos

En las últimas horas, la investigadora Maristella Svampa denunció una grave restricción a la participación ciudadana en el Congreso. “Me llegó un mensaje por el cual me niegan la palabra en la audiencia pública por los cambios en la ley de glaciares. Ni pública ni verdadera audiencia. Los diputados de LLA buscan cercenar la palabra pública”, advirtió. “Están diseñando las audiencias eligiendo a dedo los oradores, construyendo un falso equilibrio. Lo hace un grupo de diputados con ‘asesoramiento’ externo. Es un escándalo nunca visto. Menos del 0.5% de los inscriptos podrá hablar”, agregó el ex diputado Juan Carlos Villalonga, también excluido.

El oficialismo en Diputados se había visto obligado a convocar audiencias públicas previas al intento de tratamiento exprés de los cambios a la ley de glaciares. La respuesta fue masiva: 100.000 inscriptos de todo el país para expresarse, en su mayoría, en contra del proyecto del Poder Ejecutivo, señalado como “negociado” con un grupo de empresas mineras, esos “asesores externos” mencionados por Villalonga. La maniobra para limitar la participación habría sido comandada por el titular de la Cámara, Martín Menem.

Ante este avasallamiento institucional, organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace presentaron una cautelar. Otra presentación judicial fue desestimada rápidamente por otro juzgado.

Un compromiso que apura los cambios

Las audiencias programadas son criticadas como una mera pantomima. La administración nacional requiere celeridad en el tratamiento de la norma, y esto se vincularía a un compromiso previo con Estados Unidos, luego de la firma de un “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”. En uno de sus puntos, la Argentina se comprometió a “implementar medidas destinadas a acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos” mineros. La modificación a la ley de glaciares encajaría en este esquema.

La presión de las empresas y el interés extranjero

“Con el RIGI solo no alcanza”, había dicho Marcelo Álvarez, director para Latinoamérica de Barrick Gold, en un congreso. La empresa busca su revancha desde que la Corte Suprema ratificó en 2019 la constitucionalidad de la ley sancionada en 2010. Según Villalonga, en años previos a la sanción, “la Barrick Gold se hizo famosa por su intervención descontrolada en las áreas glaciares y periglaciares; más aún, porque algunos de sus proyectos contemplaban no solo la intervención sobre tales áreas sino que proponían trasladar glaciares”, llegando a promocionar folletos sobre el traslado de hielos.

Pero el interés no es solo corporativo. “El primero que pidió esta modificación fue Scott Bessent”, afirmó el diputado Eduardo Valdés, refiriéndose al secretario del Tesoro estadounidense, quien habría expresado que las empresas de su país quieren entrada preferencial en la minería de litio, cobre y tierras raras. Proyectos en San Juan, como Veladero (Barrick), Vicuña (Lundin y BHP), El Pachón (Glencore) y Los Azules (Río Tinto), presionan por el cambio. En Mendoza, ya se aprobaron proyectos de exploración en ambiente periglacial, anticipando lo que podría multiplicarse.

El agua como eje central: ¿qué es la “relevancia hídrica”?

El espíritu central de la ley vigente es proteger el acceso al agua. Los glaciares son reguladores cruciales de cuencas hídricas en un país donde el 70% del territorio es árido. El proyecto oficial introduce el concepto clave de “relevancia hídrica”, donde serán las provincias y las empresas quienes definirán qué cuerpo de hielo es relevante. Pablo Villagra, director del IANIGLA (el instituto que realiza el inventario), argumentó: “La relevancia hídrica es relativa al ambiente, no es absoluta, no se mide en litros de agua”.

El riesgo, según los expertos, es que con los cambios propuestos, las empresas mineras y el poder político de cada jurisdicción podrán definir la relevancia y solicitar la remoción de un glaciar ya inventariado para ajustarlo a un proyecto. “Si querían eliminar la ambigüedad bajo el argumento de la seguridad jurídica, creo que no lo hicieron”, concluyó Villagra.

Hacia una balcanización de los recursos naturales

Los cambios en la ley de glaciares se enmarcan en un intento más amplio de modificar leyes ambientales clave. Bajo el eufemismo de la “inviolabilidad de la propiedad privada”, se avanza con un plexo normativo que críticos asocian al saqueo de recursos naturales. El Instrumento Marco con EE.UU. incluye un capítulo de “Cartografía geológica”, comprometiendo al país a contribuir al mapeo de recursos minerales para cadenas de suministro estadounidenses.

Esto ocurre mientras los cambios a la ley de glaciares vacían de funciones al IANIGLA y desacreditan su inventario. Según este organismo, los glaciares, presentes en doce provincias, alimentan 36 cuencas hídricas. Del agua proveniente de su descongelamiento dependen unas 1800 localidades y 7 millones de personas. La información clave quedaría en manos privadas y, potencialmente, de empresas extranjeras. “De ahí la gravedad del mapeo geológico que el Gobierno argentino podría entregarle en bandeja a las empresas norteamericanas”, alerta el análisis.