Legalidad de la reinscripción inhibitoria
En las últimas horas, se desarrolló una extensa audiencia en el marco de la denominada Causa Contratos, que investiga un presunto desvío de fondos públicos en la Legislatura entrerriana. El debate se centró en una medida cautelar de inhibición general de bienes, dictada originalmente para custodiar patrimonios que, según la hipótesis de la Fiscalía, habrían sido adquiridos con recursos detraídos al Estado.
La audiencia, que se extendió por más de tres horas, contó con la presencia de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, acompañado por Gustavo Acosta; y los defensores de un grupo de imputados. Estos intercambiaron sólidos argumentos sobre la resolución de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, que hizo lugar al pedido de reinscripción de la inhibición general de bienes solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Los argumentos a favor de la medida
Los fiscales defendieron la decisión de la magistrada, tanto la original como la de reinscripción, e instaron a su confirmación. Sostuvieron que se trata de un proceso complejo y dilatado en el tiempo, donde aún no se ha cerrado la etapa intermedia. Remarcaron que la situación actual es distinta a la del momento en que se dictó la primera medida, ya que, en su visión, se han agravado los riesgos de que los imputados dispongan de los bienes presuntamente adquiridos con el dinero de la causa.
La Fiscalía señaló que normas de los Códigos Procesales y manuales de recuperación de activos habilitan extender una cautelar después de su caducidad, argumentando que el vencimiento no hace desaparecer el riesgo de que se reduzca el patrimonio para eludir una eventual condena. También defendieron la extensión de la medida a las parejas de algunos imputados, señalando la existencia de contratos de fideicomiso entre ellos.
La posición de las defensas
Las defensas de los acusados consideraron que la reinscripción de la inhibición fue ilegal y causó un gravamen irreparable a sus clientes y familias, al impedirles disponer de su patrimonio. Destacaron que la normativa es clara en establecer que este tipo de medidas vencen a los cinco años de dictadas, lo que habría ocurrido tiempo atrás.
Argumentaron que la orden de la jueza Barbagelata constituyó una reinscripción “encubierta” de una medida ya fenecida, y que llegó de manera “tardía” para salvar un error de la Fiscalía. Además, cuestionaron que se aplique a personas que nunca fueron imputadas en la causa, como algunas de las parejas, impidiéndoles trabajar y sustentar a sus familias en lo que calificaron como una medida “cruel e inhumana”.
La causa y lo que viene
La Causa Contratos investiga a una presunta organización que, desde ambas Cámaras de la Legislatura provincial, habría sustraído fondos del Estado mediante contratos de obra por una suma millonaria, en un período que abarca una década. Un total de 31 imputados podrían llegar a debate oral.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, informó que se avocará a analizarlos y dará a conocer su resolución a través de la Oficina de Gestión de Audiencias en los próximos días.
