La Defensa Pública y su labor por los derechos de las mujeres

El Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos reafirma su compromiso con la igualdad en el acceso a la Justicia, la perspectiva de género y la protección de los derechos humanos.

En las últimas horas, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de nuestra provincia ratificó su trabajo por los derechos de las mujeres, una tarea que se expresa transversalmente en las funciones de todos sus operadores y operadoras bajo los lineamientos institucionales trazados por el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez. El acceso igualitario a la Justicia, la protección especial de las niñas y adolescentes, el control de legalidad en situaciones de salud mental y la prevención de la violencia son algunos de los ejes centrales de esta labor.

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Bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, organismos internacionales llaman a garantizar y fortalecer el acceso a la justicia, promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y eliminando prácticas discriminatorias. En esa misma línea, el MPD entrerriano lleva adelante acciones que busca fortalecer día a día, entendiendo que hacer efectiva la igualdad ante la Justicia es un deber ineludible. El primer paso es reconocer que aún existen condiciones sociales y culturales que obstaculizan ese mandato. En ese sentido, la perspectiva de género y las capacitaciones permanentes —como las previstas en la Ley Micaela— han sido claves para este Ministerio Público, así como las distintas articulaciones con instituciones y sectores de la provincia.

Justicia accesible

El MPD tiene la función de promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales, garantizar el efectivo acceso a la justicia y otorgar asistencia jurídica integral a las personas en situación de vulnerabilidad. Si bien estas acciones son para todas las personas independientemente de su género, en muchas oportunidades las mujeres siguen afrontando dificultades para acceder a los servicios de justicia, lo cual continúa interpelando a los y las operadoras en sus intervenciones.

Conviene recordar que las «100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad» señalan que una de las razones de esas dificultades es, justamente, el género. De la mano de los cambios introducidos en las últimas décadas, los enfoques de derechos humanos, género y diversidad transformaron y continúan transformando el modo de litigar, de escuchar y de construir justicia desde la Defensa Pública.

Con esa mirada transversal, actúan los distintos organismos que integran el MPD. Las Defensorías con competencia Civil de toda la provincia brindan asistencia jurídica gratuita en temas de familia, salud y vivienda, entre otros. Por ejemplo, impulsan medidas de protección en contextos de violencia familiar y de género, reclamos alimentarios y efectividad de prestaciones de salud.

Las defensorías penales defienden a las personas acusadas de un delito cuando no designen un profesional particular. Las defensorías de Ejecución de Penas prestan especial atención a las condiciones en que las mujeres se alojan en instituciones penitenciarias —a veces, junto a sus hijos e hijas—. Otros organismos protegen a grupos vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, personas con padecimientos de salud mental y víctimas de violencia institucional.

Asimismo, recientemente comenzó a implementarse un dispositivo de abordaje para varones que transitan procesos penales como imputados en contextos de violencia de género, con perspectiva de salud mental. Esta acción se implementó en conjunto con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Los defensores y defensoras realizan periódicamente atenciones programadas en distintas localidades para facilitar la accesibilidad. Los canales de comunicación con cada defensoría pueden encontrarse en el sitio web oficial del MPD.

Protección de niñas y adolescentes

Las 100 Reglas de Brasilia también señalan que la edad puede ser otra causa de situación de vulnerabilidad. Esta especial protección que merecen las personas menores de edad se encara desde el MPD en el contralor de las políticas y prácticas estatales que inciden en sus vidas.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER) garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad. A su vez, comenzó a funcionar el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento, una alternativa a la adopción para los casos en que sea pertinente.

Además, el MPD lleva adelante el Dispositivo de Entrevistas Testimoniales Videograbadas (Detvg), que permite que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual sean interrogados por un profesional especialista en un gabinete acondicionado, evitando su revictimización.

Salud mental

El Órgano de Revisión de Salud Mental es el organismo del MPD que protege y promueve los derechos humanos de las personas usuarias de las prestaciones de salud mental en la provincia. Su actuación comprende a los servicios y efectores públicos y privados. En tanto, la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental se ocupa de la asistencia jurídica a las personas internadas involuntariamente por su padecimiento mental.